Diversas asociaciones de consumidores comenzaron a judicializar el cargo extra en la tarifa de gas que traslada a los usuarios la suba del dólar del último semestre y fue anunciada la semana pasada. En esta ocasión, se sumó a la lista de ONG’s que se oponen a la medida, el Centro Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
Cepis presentó este lunes por la mañana, ante la Justicia Federal de La Plata, una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra el cargo extra que el Gobierno oficializó este viernes, mediante la resolución 20 de la Secretaría de Energía.
En agosto de 2016, la ONG obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema que frenó el primer tarifazo del gas y obligó al Gobierno a llamar a audiencias públicas. Finalmente, el incremento se implementó a partir de octubre de ese año y no desde abril, como se había estipulado.
En esta ocasión, el amparo presentado por Cepis en contra la acción de la secretaría de Energía, por considerarla «inconstitucional». Además, remarcó que su nulidad está comprendida «en el inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y el punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92».
«Este conjunto de normativas van en contra de los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, son inconstitucionales y nulas», consideró esa ONG en sus redes sociales.
Según la normativa, el precio del gas está dolarizado. Las distribuidoras compran a las productoras el fluido a un precio definido en dólares. En abril, el Enargas fijó un tipo de cambio de unos $20,55, en línea con la cotización de la divisa de ese momento. Pero la devaluación posterior generó una diferencia de unos $10.000 millones. Las distribuidoras, por contrato, no pueden hacerse cargo de la diferencia y deben transferirla a los usuarios.
El gobierno indicó que generó este mecanismo de 24 cuotas para aliviar la carga sobre los usuarios finales.