La Oficina Anticorrupción (AO) tiene más de 600 investigaciones en curso por denuncias ingresadas en el último año y medio y, si bien muchas de ellas terminan archivadas, otras avanzan y se convierten en delitos que se identifican con nombre y apellido y que terminan en la Justicia, informó la titular del organismo, Laura Alonso.
«Cada denuncia que entra da lugar a un expediente, un dictamen y una resolución que establece el curso a seguir conforme al reglamento interno de la Subsecretaría de Investigación Anticorrupción», aseguró a Télam Alonso, quien señaló que en los últimos años «se triplicaron las denuncias» que se sostienen a un ritmo de «cien por mes».
Una de estas denuncias anónimas, contó a Télam la titular de la Oficina Anticorrupción, llevó a ubicar la oficina de la calle Lavalle en la que José López, el ex funcionario kirchnerista condenado ayer a seis años de prisión, guardaba documentos relacionados con los delitos cometidos.
Las denuncias, que la mayoría de las veces son anónimas, llegan vía telefónica (0800-444-4462), web (argentina.gob.ar/anticorrupción), o en forma personal (25 de Mayo 544, CABA), y en un promedio de once días ya están ingresadas y digitalizadas.
«Cuando llegamos había cajas y cajas que no sabíamos qué contenían, hoy todas las denuncias que ingresan en menos de once días ya están digitalizadas», destacó Alonso, quien agregó que en períodos anteriores el promedio era de ocho meses.
La Oficina Anticorrupción lanzó una campaña a través de las redes sociales para animar a qué más gente denuncie, al tiempo que fomenta que todos los organismos y empresas del Estado tengan una réplica interna de este organismo del Poder Ejecutivo, canal primario de todas las denuncias.
Es que no todas las denuncias que ingresan en la OA tienen que ver con delitos, sino que muchas veces apuntan a faltas a la ley de Ética Pública o a infracciones al régimen disciplinario de la Administración Pública.
En lo que hace a las infracciones, Alonso cuenta el caso de una dependencia a la que llegaron una decena de pantallas que recibió un empleado y que luego no aparecían. Tras la denuncia, y la apertura de la investigación interna, de un día para el otro aparecieron todas juntas.
Otro caso que relató la funcionaria fue el de las tarjetas Sube que se vendían con tarifa social por la web, que sumaron 12 millones y cuyo negocio lograron desarticular, también luego de una denuncia que derivó en una investigación.
«Lo que se busca es un cambio cultural, que la gente vea que no es lo mismo actuar bien que actuar mal. Es un mensaje para el que hace las cosas mal, pero también para el que hace las cosas bien», dijo Alonso.
En cuanto a la infracción de la ley de ética pública, explica que también están atentos a ese tipo de denuncias que no constituyen delito, pero sí infracciones.
En 2017, tras una denuncia que ingresó a la OA de parte de la ONG Ciudadanos libres, se decidió retirar un spot que llevaba el título «Para Siempre» en el que aparecía el presidente Mauricio Macri.
Según la ong, el spot vulneraba el artículo 42 de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, porque no tenía «carácter educativo, informativo o de orientación social» y promovía a autoridades o funcionarios públicos.
Para Laura Alonso, una deuda pendiente con la sociedad es la sanción de una ley de protección de los denunciantes, que les de mayores garantías.
La identidad del denunciante siempre se encuentra protegida y sólo puede ser entregada a la autoridad judicial competente, ya sean los denunciantes «de identidad declarada, reservada o anónima».
Hoy, sobre un total de 1.584 de casos ingresados en el período 2018 y primer semestre del 2019, 464 están identificados y 176 son de identidad reservada, en tanto que 832 son anónimas y 112 de organismos públicos.