La Oficina Anticorrupción (OA) presentó este martes el pedido de elevación a juicio contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros 18 imputados en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de 270 millones de pesos que debían invertirse en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
La Oficina que encabeza Laura Alonso sostuvo que está «acreditada la responsabilidad de De Vido dado que existen numerosas constancias probatorias que dan cuenta que existía un constante intercambio entre el Ministerio y YCRT en lo relativo a la asignación de fondos y manejo de las partidas asignadas, con indicación incluso expresa del destino que se debía dar a las mismas».
Entre los imputados se encuentran también el detenido ex subsecretario de Coordinación y Control del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, y el ex secretario de Minería del gobierno kirchnerista, Jorge Mayoral.
En la presentación de la OA se señaló además que «la maniobra, llevada a cabo entre enero de 2008 y enero de 2016, consistió en la obtención ilegítima de fondos provenientes del Ministerio de Planificación y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz».
«El dinero fue canalizado mediante distintos convenios para obras que tenían como fin reactivar la actividad minera y producir energía. El perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil pesos, componiéndose dicho importe de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por ‘gastos administrativos’ reconocidos en los convenios investigados», según sostuvo la OA.
La Oficina Anticorrupción remarcó además que «la maniobra incluye más de 450 convenios en los cuales se les reconocieron a la Facultad y la Fundación «gastos administrativos» del Yacimiento Río Turbio en un 21%, sin que ninguna de las dos haya agregado valor a los servicios convenidos».
Se trata de la investigación por la cual la Cámara Federal porteña ordenó al magistrado pedir el desafuero y detener al entonces diputado nacional, quien está en la cárcel desde el 25 de octubre de 2017.
De Vido está procesado con prisión preventiva en esta investigación por «administración fraudulenta» a raíz del presunto desvío de 270 millones de pesos que debían invertirse en el Yacimiento.
De Vido fue condenado ya en un juicio oral por la tragedia del tren de Once y es juzgado actualmente junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto direccionamiento y sobreprecios de la obra pública nacional en Santa Cruz, la llamada «causa Vialidad».
Además está procesado con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción, cuya elevación a juicio oral también está en preparación en uno de sus tramos principales.