La Oficina Anticorrupción apeló la denegatoria del juez Claudio Bonadio para que las declaraciones de «arrepentidos» en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno puedan ser compartidas a otros magistrados para avanzar en otras investigaciones por presuntos hechos de corrupción durante el kirchnerismo.
«En relación a los pedidos de copias ya realizados o que pudieran realizar los diferentes juzgados del fuero, respecto a las declaraciones de los imputados en los términos de la ley 27304, no se hará lugar pues el acuerdo celebrado fue en el marco de las presentes actuaciones y sólo pueden ser utilizados en los hechos allí investigados», fue la respuesta de Bonadio a sus pares ante los pedidos para que comparta las múltiples declaraciones de los arrepentidos.
Fueron varios jueces los que pidieron acceder a los testimonios, entre ellos Sebastián Casanello, respecto a quien fuera presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, ya que en la causa que él investiga, una del escándalo Odebrecht, el empresario se negó a declarar.
También lo hizo el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien también tiene en la mira a la constructora brasilera por supuesto pago de sobornos y sobreprecios en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.
Ahora, la Oficina Anticorrupción recurrió a la Cámara Federal: «La resolución tiene como consecuencia la restricción del uso de información y evidencia que surge de los arrepentidos a este proceso, afectando de manera directa a aquellas causas en que la información puede ser de utilidad para el descubrimiento de la verdad», señaló el organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
Según entendió la OA, que conduce Laura Alonso, la decisión de Bonadio afecta su derecho «para que se pueda valorar en otros procesos la información que surge de esta causa, con el impacto que ello tendrá para los intereses de la querella».
«Entendemos que la información que surge de las declaraciones de los llamados arrepentidos y la prueba que de ellos derive, no tiene restricciones de uso en otros procesos. La norma que las imponía fue suprimida en el trámite parlamentario porque expresamente los legisladores coincidieron que se pudiera utilizar en otras causas», determinó el organismo.