Así lo relató a CLG el secretario de Gobierno local, Gustavo Zignago: "No tenemos ni la certeza de que los choferes hayan solicitado siquiera los antecedentes penales"
La puja entre la Municipalidad de Rosario y la aplicación Uber sigue creciendo y este lunes llegó a un nuevo pico: el Municipio presentó una medida cautelar para que la Justicia elimine o suspenda la app y el sitio web de la empresa, tanto para la contratación del servicio como para la adhesión de nuevos choferes.
Así lo relató a CLG el secretario de Gobierno local, Gustavo Zignago: «En el marco del menú de herramientas con las que cuenta el Municipio para frenar contra esta embestida, la acción judicial era una de ellas. Hemos decidido presentarla en el día de la fecha con el objeto de eliminar o suspender la aplicación para celulares en Rosario y el sitio web ‘uber.com’, tanto para la modalidad de la asociación con los conductores, como también la solicitud de traslados mediante vehículos particulares».
Recientemente la empresa desafió a la Municipalidad, cuando fuentes aseguraron que la app está “funcionando” y que su operación es “normal». Al ser consultado al respecto, Zignago expresó: «Probablemente sea una estrategia comunicacional. Lo que nosotros podemos garantizar es que las plataformas están activas, pero los servicios no están funcionando: o no se los están solicitando o no hay autos disponibles. Desde las remisiones de los dos vehículos que se efectuaron a fines de la semana anterior hasta la fecha no se ha registrado movimiento, pero dado el embate comunicacional y que la app y la web están activas hemos decidido ir a la Justicia».
Al explicar los motivos detrás de la medida cautelar, señaló: «Entendemos que el derecho que nos asiste no da lugar a mayores discusiones. Se trata de una medida autosatisfactiva que le estamos solicitando al juez porque el traslado de pasajeros es un servicio público reglado, cuyo fundamento no es más que el interés de garantizar la continuidad del servicio o del régimen tarifario a través del Concejo, como también de la seguridad e higiene que se realiza a través de controles periódicos y continuos de entre 3 y 6 meses. Además, tener la certeza de quién es el que maneja, qué aptitudes técnicas y profesionales tiene, como también el seguro que porta».
«Sabemos que hay muchas personas que tienen cierta simpatía con el servicio, pero en la ciudad de Rosario el servicio está reglado y como Municipio no sólo tenemos el derecho de que este sistema funcione bajo las pautas existentes, sino que también tenemos la obligación de hacer cumplir la normativa vigente. En ese marco es que acudimos a la Justicia», añadió.
Por otro lado, el secretario de Gobierno no descartó la posibilidad de que en un futuro Uber funcione en Rosario, pero aclaró que debe ser bajo la normativa local: «Siempre hemos dicho que no nos negamos a las aperturas de las agendas legislativas, porque conocemos de la realidad. Lo que decimos es que también forma parte de la discusión de la seguridad y la convivencia en la ciudad el cumplimiento o no de las normas vigentes. Hoy está vigente un sistema donde las ordenanzas que lo regulan tienen aplicación, e intentar un servicio como el que propone esta empresa está claramente al margen de esas disposiciones».
«En el marco de esa discusión que la ciudad se debe hay un elemento que no es menor: todo el sistema de la ciudad está montado para resolver situaciones particulares. Hay todo un sistema de contralor de GPS de los 4.000 vehículos que operan en la ciudad y hay situaciones particulares y cotidianas que se resuelven a menudo con ese seguimiento y con esa posibilidad de identificar el auto, el pasajero, el viaje y el chofer. En esta circunstancia no tenemos ni la certeza de que el chofer que vaya a prestar el servicio haya solicitado siquiera los antecedentes penales. Esto no es un dato menor y nos obliga a profundizar los controles», concluyó.