En un comunicado, las entidades del agro reiteraron su "alarma" ante el inminente avance del proyecto de modificación de la norma en el Parlamento nacional
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias insistió este jueves en que la probable sanción de la nueva Ley de Manejo de Fuego en el Congreso «pone en riesgo» a la producción agrícola y ganadera en todo el país.
En un comunicado, las entidades del agro reiteraron su «alarma» ante el inminente avance del proyecto de modificación de la norma en el Parlamento nacional.
«A pesar de que ya existe una Ley de Manejo de Fuegos, este proyecto modificatorio pone en riesgo seriamente la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país. En efecto, prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio», destacó la Comisión.
«Esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales. Cabe aclarar, además, que esta nueva prohibición se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la ley de bosques», agregó.
En el comunicado, Coninagro, CRA, Federación Agraria y la Sociedad Rural dijeron que «estas restricciones afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero».
«Da por asumida, de este modo, la culpabilidad individual del propietario del campo, afectando la garantía constitucional de presunción de inocencia, condenando de antemano al productor de manera prejuiciosa, quien además de haber perdido su capital de trabajo o sus inmuebles por estos hechos debe enfrentar una condena por un evento sobre el cual no tiene responsabilidad alguna», subrayó la Comisión.
«Estamos en favor de que se legisle sobre el manejo del fuego, pero no podemos dejar pasar por alto esta invasión al derecho de propiedad, ni que se considere a todos los productores del país delincuentes ambientales, o se instaure una mirada prejuiciosa sobre todos quienes trabajamos en la tierra, en especial cuando somos víctimas de hechos naturales o provocados que, de por sí han lesionado nuestra producción y el capital destinado a ella», completaron las entidades.