La manifestación comenzará a las 12 en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio y finalizará en el edificio de la Corte Suprema de Justicia
Agrupaciones sociales y políticas se movilizaron este sábado al Palacio de Tribunales para reclamar a la Corte Suprema de Justicia la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a cinco años de su detención, y arrojaron cientos de bolsas de basura en el frente del edificio.
La concentración comenzó al mediodía, cuando distintas agrupaciones como la Tupac Amaru y La Cámpora, principales convocantes, confluyeron en la Avenida 9 de Julio desde distintos puntos de acceso para marchar hasta el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano.
La Tupac Amaru arrojó cientos de bolsas de basura por arriba del vallado que rodeaba al edificio a modo de protesta contra la Corte Suprema y para graficar la consigna «Basurero de la democracia», como lo consignó en su cuenta oficial de Twitter.
La movilización fue convocada originalmente con el título «Milagro Sala, 5 años presa política», en referencia a su detención en Jujuy el 16 de enero de 2016 en el marco de una causa por «instigación de daños», a la que se sumó luego otra por los cargos de «fraude a la administración pública y extorsión».
Organizaciones sociales y de derechos humanos, así como dirigentes y funcionarios del kirchnerismo y la propia líder de la Tupac Amaru consideran que Sala es víctima de una persecución política de la gestión anterior de Juntos por el Cambio y especialmente del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Por esa razón, las organizaciones de derechos humanos de Jujuy también se manifestaron en la provincia norteña y calificaron como «desproporcionado» el operativo de seguridad policial desplegado por el gobierno local.
«Es una muestra más del proceso de represión, criminalización y judicialización de la protesta social que denunciamos desde 2015», afirmaron en un comunicado.
El pasado viernes, la dirigente brindó una entrevista en la que afirmó: «El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros».
«No puede ser que después de cinco años y dos extensiones de la prisión preventiva, el Tribunal de Justicia de Jujuy no nos otorgue la libertad a los compañeros detenidos», afirmó la dirigente social y política. En este sentido, agregó: «Me detuvieron sin orden judicial.
No tenemos condena firme. Tenemos que estar en libertad, queremos que alguien haga respetar la constitución de Jujuy», sostuvo Sala.
Días atrás, funcionarios, dirigentes políticos y sociales del oficialismo reclamaron la excarcelación de Sala con una carta abierta en la que remarcaron que la líder de la Tupac Amaru es víctima de una «persecución política, judicial y mediática».
Bajo el título «Por una democracia sin presas y presos políticos», la carta señala como «autores políticos, intelectuales y judiciales» de la situación de Sala al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.
La misiva fue firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y el líder de la CTEP y el Frente Patria Grande, Juan Grabois, entre otros.
Este sábado se sumó al reclamo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ex abogada de Sala, quien aseguró que continuará «exigiendo» la liberación de la líder de la Tupac Amaru «hasta que sea necesario» y sostuvo que está presa por «ser mujer e indígena y por atreverse a dar la batalla por la dignidad del pueblo jujeño».
Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 con prisión preventiva por una serie de acusaciones y en diciembre de ese año fue condenada a tres años de prisión en suspenso bajo el cargo de «instigación de daños agravados», durante un «escrache» contra Morales.
En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y tras un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Justicia jujeña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo tras argumentar que existía riesgo de «obstaculización» del proceso, al tiempo que ordenó que se cumpla con el dictamen de la CIDH sobre el arresto domiciliario.
Dos años después, en enero de 2019 la Corte dejó firme la condena de la dirigente, que poco después recibió otra condena, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de «fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos» destinados a la construcción de viviendas.
