El juez de garantías chubutense Sergio Piñeda no hizo lugar al pedido del juez federal Claudio Bonadio para que la Justicia de esta jurisdicción investigue el presunto sobreprecio en la construcción de viviendas en el marco de la megacausa caratulada «De Vido, Julio Miguel y otro sobre delito de acción pública», impulsada en el 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans.
El rechazo se conoció este martes a través de una información oficial en la que se aclara que «el juez Sergio Piñeda hizo suyo los argumentos del fiscal general de Rawson Fernando Rivarola, quien había emitido un dictamen propiciando que el juez Piñeda rechace el pedido del juez Bonadio para que la justicia del Chubut investigue la presunta existencia de sobreprecios».
Se trata de dos programas de viviendas federales ejecutadas en los años 2004 y 2005, por lo que ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá resolver cuál es la jurisdicción que se hará cargo de la investigación.
A través de una resolución dictada en agosto del año pasado, Bonadio entendió que la investigación debía realizarse por parte de la la Justicia provincial.
En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó al ministerio público fiscal en noviembre pasado y fue el fiscal Rivarola quien se expidió en principio, tras lo cual el juez Piñeda le dio la razón, por lo que ahora todo fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rivarola basó su argumentación en que del material remitido no surge que exista una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan, conductas que constituyan los delitos ni el lugar de la comisión del ilícito.
Agrega que «los elementos aportados por el denunciante no permiten dilucidar el verdadera alcance delictivo» y que «corresponde al juez que previno profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos», en referencia a Bonadio.
También Rivarola se basó en un informe que a pedido de la Fiscalía de Rawson realizó el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, donde se indica que «las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscrito en los programas federales, en particular Gotti S.A., Austral Construcciones S.A. y Juan Felipe Gancedo S.A. no han resultado contratistas de ese Instituto provincial».