Tras la denuncia del Gobierno, el fiscal Ramiro González indaga si se cedían alimentos a comedores que nunca funcionaron como tales o bien dejaron de hacerlo hace muchos años atrás
El fiscal federal Ramiro González pidió el listado de los funcionarios que tenían a cargo el control de los comedores registrados en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios) y se trata de las primeras medidas tras una denuncia del Ministerio de Capital Humano.
La cartera que conduce Sandra Pettovello realizó una auditoría del organismo y detectó que muchos de los comedores que recibieron alimentos durante el gobierno de Alberto Fernández nunca funcionaron como tales o bien habían dejado de hacerlo hace muchos años atrás.
La denuncia apunta a funcionarios públicos a cargo de ese organismo tan controvertido, el RENACOM, por lo cual la Fiscalía pidió la lista de quienes tenían a cargo el control y también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social que tenían a cargo la seguridad alimentaria.
El RENACOM fue creado en julio de 2020 y funcionó hasta el final del gobierno de Alberto Fernández por lo que el listado reclamado por el fiscal, abarca ese período.
Por otro lado, González citó para el próximo lunes a la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, para ratificar la denuncia que hizo dicha cartera, así como aportar documentación que reclamó y que está señalada en la presentación judicial.
También, la Fiscalía pidió la documentación de las auditorías realizadas por el citado Ministerio y qué personal efectuó las mismas a fin de escucharlos en declaración testimonial.
La Fiscalía apunta a investigar la participación de «todos los responsables» entre 2020 y 2023 en dichas áreas involucradas y ante la sospecha de falta de controles en el otorgamiento de alimentos que, según el Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimentos por mes.
La auditoría realizada por la citada cartera abarca a unos 2.600 comedores de los más de 4 mil registrados en todo el país y, de la documentación revisada, se constató que más de la mitad o bien no existieron nunca como tales o dejaron de funcionar hace muchos años.
Según la reglamentación, los comedores deben ser re validados cada dos años, algo que no habría ocurrido.