Deberá estar implementada y en plena ejecución a partir del 4 de febrero, según remarcó la Justicia
La implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sumó un nuevo capítulo tras una resolución judicial que intimó al Gobierno nacional a poner la norma en plena vigencia a partir del 4 de febrero. El fallo, dictado durante la feria judicial, ordena además que el Ejecutivo informe en un plazo de cinco días qué medidas concretas adoptó para cumplir con la ley, respaldadas con documentación que acredite avances reales.
La decisión llega luego de que el Gobierno presentara en diciembre una apelación, lo que había generado preocupación en organizaciones del sector por posibles dilaciones. Con este pronunciamiento, el juez busca evitar nuevas demoras y dejar en claro que la discusión ya no gira en torno a la validez de la norma, sino a su ejecución efectiva.
La ley fue sancionada tras reclamos sostenidos de familias, prestadores y entidades que advierten sobre el deterioro del sistema, la interrupción de pagos y la falta de respuestas estatales. La Justicia subrayó el carácter urgente de la situación y advirtió que continuará el control sobre el cumplimiento, en un contexto de creciente conflictividad y reclamos por la actualización de valores y la continuidad de las prestaciones.