Según informó mediante un comunicado, "nunca hubo vacío de poder ni sucesión constitucional" en la autoproclamación de la ex mandataria
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia sentenció este viernes que la asunción de la senadora Jeanine Áñez como presidenta en noviembre de 2019, tras la salida del gobierno del presidente Evo Morales, no fue constitucional porque no existía vacío de poder.
«La sentencia del TCP 0052/2021 establece con claridad y contundencia que nunca hubo vacío de poder ni sucesión constitucional en la autoproclamación de Jeanine Añez el 12 de noviembre de 2019», informó el propio tribunal en un comunicado divulgado esta tarde.
El TCP informó que su razonamiento se basó en su propia sentencia sobre un recurso que enfrentó a Susana Rivero y Margarita Fernández Claure, quienes en noviembre de 2019 eran respectivamente vicepresidentas primera y segunda de la Cámara de Diputados, cuya presidencia había quedado vacante.
En aquella controversia, el TCP falló a fines de septiembre que el «reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste el cargo de presidente o presidenta», dice el comunicado reproducido íntegramente por la agencia de noticias ABI y el diario paceño Página Siete.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras ser proclamada sin quórum en un acto en el Senado el 12 de noviembre de 2019, horas después de que Morales abandonara Bolivia tras haber renunciado dos días antes denunciando que había sido víctima de un golpe de estado.
Gobernó hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió el actual mandatario, Luis Arce, correligionario de Morales y consagrado en las elecciones del 18 de octubre de ese año.
La ex mandataria de facto se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de «sedición, terrorismo, conspiración y genocidio», entre otros delitos relacionados con la represión de manifestaciones ocurridas en los días de la salida de Morales y su asunción.
El cargo de genocidio surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizó que fueron 22 los muertos en ambos incidentes, que calificó de «masacres».
También hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por incumplimiento de deberes públicos.