Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje
La Justicia británica decidirá finalmente hoy si autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje y que podría condenarlo a hasta 175 años de prisión.
Assange, de 49 años, conocerá en una audiencia en una corte de Londres si la jueza Vanessa Baraitser acepta el pedido de extradición de la Justicia estadounidense, en un caso que sus abogados presentan como clave para la libertad de prensa.
La decisión de la jueza puede ser recurrida por ambas partes, lo que podría prolongar la larga saga judicial que rodea al periodista y activista australiano desde 2010, poco después de que su web WikiLeaks publicase cientos de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto.
Entre ellos figuraba un video en que se veía como helicópteros de combate estadounidense disparaban contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
«El solo hecho de que este caso haya llegado a la corte, ni que hablar que haya durado esto, es un ataque histórico y a gran escala contra la libertad de expresión», dijo la vocera de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson, informó la cadena BBC.
«Esta es una pelea que afecta los derechos de todos las personas a estar informada y se está peleando de manera colectiva», agregó.
Antes de pronunciarse, la Justicia inglesa examinó detenidamente la solicitud estadounidense para asegurarse de que no sea desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.
Las audiencias celebradas en septiembre, tras meses de retraso debido a la pandemia de coronavirus, estuvieron marcadas por las protestas a las puertas del tribunal, donde partidarios del australiano como la diseñadora británica Vivienne Westwood enarbolaron pancartas que decían «¡Encarcelen a los criminales de guerra, liberen a Julian Assange!».
Afirmando temer que Assange, cuya salud física y mental pareció muy debilitada, se quitase la vida, su compañera sentimental, Stella Moris, había entregado en septiembre a la oficina del primer ministro británico, Boris Johnson, una petición con 800.000 firmas contra su extradición.
Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde vivió refugiado siete años, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje.
Washington le reprocha haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Pero para su comité de apoyo, son «cargos con motivación política» que «representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa».
La defensa del australiano, coordinada a nivel internacional por el exjuez español Baltasar Garzón, denunció en el pasado que el presidente estadounidense Donald Trump quería hacer con él un castigo «ejemplar» en su «guerra contra los periodistas de investigación» y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.