La magistrada habló sobre la causa por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno anterior del cual habría sido víctima
La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa afirmó este sábado que «la inteligencia debe servir para la defensa nacional y no se puede hacer» como una cuestión de seguridad interior, en referencia a la causa por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno anterior del cual presuntamente fue víctima.
«No me sorprendió que me espiaran a través de la AFIP para ver mi patrimonio, estaba todo absolutamente declarado. También lo hicieron a través de Migraciones pidiendo informes sobre mi viaje al Vaticano, donde mantuve un encuentro con el Papa», contó la magistrada en diálogo con la radio AM 750.
Sobre la visita a su despacho el 15 de diciembre de 2015 del entonces consejero de la Magistratura del Ejecutivo Juan Bautista Mahiques (según declaró Figueroa como testigo en la causa que investiga presuntas injerencias de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en la Justicia), la magistrada consideró que, «en ese momento, no le dio» a ese hecho «la entidad de una presión».
«Recibí un respaldo absoluto del mundo jurídico y académico, tengo un agradecimiento total y la obligación legal de decir la verdad, mientras que la persona que está denunciada tiene el derecho legal de mentir para mejorar su defensa», agregó sobre el tema.
En otro orden, Figueroa sostuvo que una «reforma judicial es necesaria para que la ciudadanía tenga acceso a la Justicia y que sea más rápida; además no se puede mezclar la Justicia Nacional con la Federal».
En cuanto al aumento del número de integrantes en la Corte Suprema, la magistrada recordó que «ese es un debate recurrente en la historia argentina», y que «hace falta pensar una representación por género» en el máximo tribunal.
Consultada sobre las críticas en torno a las prisiones domiciliarias en el contexto de pandemia, Figueroa apuntó que «en el ámbito federal no hay una suelta de presos ni por casualidad», y explicó que «poco más del 10% de los pedidos tuvieron respuesta positiva», al asegurar que los jueces «no hacen una suelta masiva de nadie».