El Consejo de la Magistratura decidió avanzar en el pedido de juicio político contra la magistrada, presentado un año atrás por Luis Tagliapietra, abogado querellante que habló con CLG
Por Matías Gregorio
Desde su inicio, la causa judicial que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes a bordo presentó muchas irregularidades, que se fueron agravando conforme el paso del tiempo. Tantas como las que hicieron que el buque argentino se hunda en lo profundo del océano Atlántico el 15 de noviembre de 2017. Al estar involucrada una institución tan fuerte como la Armada Argentina y también funcionarios de alto rango de la gestión de Mauricio Macri, llegar a conocer la verdad y obtener justicia no resulta una tarea sencilla. Sin embargo, los familiares, que hasta se encadenaron a la Plaza de Mayo para exigir la búsqueda del sumergible, no cesarán en su lucha. Y en este camino plagado de obstáculos, dieron un gran paso hacia adelante: la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó abrir el pedido de juicio político contra la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, por el presunto mal desempeño que habría cometido durante la investigación e incumplimientos en sus deberes como jueza federal, más la posible conformación de delitos. La denuncia fue impulsada hace más de un año por Luis Tagliapietra, uno de los abogados querellantes y padre de una de las víctimas. «La alegría, entre comillas, es que se pudo dar este pasito, que si bien procesalmente es chiquito, en el contexto dado es enorme y tiene un significado muy importante», le dijo a CLG.
El último martes de abril la Comisión se reunió de manera virtual. Allí se debatió el tema y se plantearon dos caminos: desestimar la denuncia o avanzar en la producción de más pruebas contra la jueza, para sumar a las que ya existen en el expediente, que cuenta con más de 50 fojas. Finalmente se decidió tomar la segunda alternativa y en lo sucesivo se citará a siete testigos, entre los que figura Luis Tagliapetra. Todavía no hay fecha para la citación de los mismos pero no se descartó tomar los testimonios por videoconferencia, por lo que todo indica que será pronto, probablemente en la próximo reunión de la Comisión a realizarse a fines de mayo.
Durante la reunión que presidió Diego Molea, hubo un pedido de desistimiento del diputado del PRO Pablo Tonelli, pero su posición quedó en franca minoría. Quien también participó del encuentro fue la diputada Graciela Camaño, que ya no integra la Comisión pero fue una de las que pidió las pruebas contra la magistrada de Caleta Olivia cuando sí formaba parte de ella. Y como cualquier miembro del Consejo de la Magistratura puede participar de las reuniones -con voz, pero sin voto-, Camaño reveló que recibieron presiones desde afuera del Consejo para «solucionar» el problema de la jueza Yánez. La legisladora también advirtió que la jueza buscó reunirse en privado con los integrantes del Consejo y puso en evidencia un fuerte «lobby» para dejar sin efecto las acusaciones en su contra.
«La denuncia originaria surgió en virtud de reuniones privadas que mantuvo Yáñez con personal que está directamente relacionado con el expediente, en este caso la cúpula de la Armada y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el principal responsable político de la tragedia», describió Tagliapietra. Dicho pedido de juicio político fue presentado el 17 de mayo de 2019 y contó con dos ampliaciones, una en agosto y otra en octubre, al surgir nuevas irregularidades. «A pesar de que lográbamos que no se desestimara, tampoco avanzaba, quedaba en una suerte de limbo. Y si bien no cambió demasiado la conformación política de la Comisión, al retomar las tareas era una de las cuestiones principales que tenían que resolver», explicó el abogado querellante que representa a diez familias.
Para Luis «fue muy fuerte» lo que dijo Camaño, al revelar presiones políticas y la modalidad recurrente de la jueza de reunirse en privado «para arreglar las cosas en la sombra». «Da cuenta de que nuestras denuncias están bien fundadas. Hubo y hay mucho lobby para que la causa hoy esté como está, sin responsables políticos, con seis marinos de alto rango pero de responsabilidad intermedia procesados por un delito menor, como el estrago culposo, que tiene una escala penal de un mes a cinco años y ni siquiera se tomaron el trabajo de pedir una excarcelación porque fueron procesados sin prisión preventiva. Hoy que estamos discutiendo si el ladrón de gallinas sale o no, esta gente que es responsable por 44 vidas está muy tranquila en sus casas sin ningún inconveniente”, denunció el padre de Alejandro Damián Tagliapietra, quien a sus 27 años se desempeñaba como teniente de corbeta en el único submarino operativo de la Armada Argentina.
«Después de un año dimos el primer pasito que tendríamos que haber dado mucho antes», reconoció Tagliapietra, aunque destacó que se trata de «un gran avance» por más de que procesalmente no signifique mucho. Y agregó: «Es fruto de todo lo que venimos denunciando, porque no es sólo una cuestión de mal desempeño, se trata también de una sumatoria de incumplimientos en sus deberes como jueza federal e incluso la posible comisión de delitos».
Después de escuchar los testimonios de los siete citados, entre los que se encuentran familiares de víctimas y abogados querellantes, la Comisión nuevamente tendrá que optar por avanzar definitivamente contra Yáñez o desestimar las acusaciones que pesan sobre su figura. «A partir de ahí veremos cómo sigue este proceso, que va a ser largo y con muchas trabas, pero seguramente vamos a llegar a la verdad», aspiró el letrado.
Para comprender el ineficiente trabajo de la jueza basta con repasar lo sucedido con las imágenes del submarino obtenidas por la empresa Ocean Infinity, que, el 17 de noviembre de 2018 y después de un año de búsqueda, localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, puntualmente a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge y a la altura de Comodoro Rivadavia, donde se tuvo el último registro del buque. La magistrada nunca conformó un equipo pericial que analice las 67 mil imágenes y los 11 videos del hallazgo, material clave para descubrir las causas del hundimiento.
Así lo narró Tagliapietra: «Volvimos al país el 4 de diciembre de 2018 con la valija diplomática que contenía los discos rígidos, y esa misma noche personal del juzgado confiscó la valija. Quince días después nos enteramos que el día siguiente, el 5, Yáñez procedió a la apertura del material sin notificar a las partes. Nos avisó dos semanas más tarde diciendo que había incongruencias en los archivos y que algunos estaban dañados. Luego, demoró meses en querer descifrar el material crudo de la búsqueda, es decir, cada paneo que hizo la firma durante un año por el fondo del océano, algo que no tenía relevancia para la causa. Así llegamos a abril, cuando los familiares que no pudieron estar en la búsqueda fueron citados por la jueza para ver las imágenes del hallazgo. Allí nos encontramos con que un alto funcionario de la Armada nos relató el video adelantándose a las imágenes, algo que nos dejó helados, porque si bien esta persona no está en la línea de responsabilidades, nos dio la pauta de que la Armada, una institución que no solamente está investigada sino que tiene interés por el resultado de la investigación, estuvo trabajando previamente con ese material sin que supiéramos los abogados querellantes».
Al día de la fecha, el material sigue sin peritarse, cuando, incluso, la magistrada recibió numerosas propuestas para avanzar en la tarea: «Le alcanzamos información de que el fabricante alemán del submarino ponía a disposición sus ingenieros para ayudarnos con las pericias, la propia Armada le transmitió que Estados Unidos, Inglaterra y Francia propusieron peritos de manera gratuita para colaborar, en Argentina la Liga de Peritos Navales mandó un listado de cientos de peritos a elección de la jueza y también ofrecimos nuestro perito de parte», enumeró Luis, y criticó: «Es gravísimo, al Estado argentino le costó 7 millones y medio de dólares para que una jueza manipule el material como se le antoje».
Desde que comenzó a denunciar el accionar de la jueza federal de Caleta Olivia, Tagliapietra fue blanco de ataques judiciales que intentaron acallarlo: «En octubre me inventó una causa penal, casi de manual. Me citó a indagatoria por intentar, dice ella, fraguar una presentación de un familiar, algo que es mentira. Me presenté, aporté la prueba, y por supuesto quedó en la nada, pero fue un burdo intento por silenciarme, algo muy grave. Además, no sólo se quedó en la cuestión jurídica, porque antes de ser notificado sus periodistas amigos ya estaban publicando la información en distintos sitios y canales, otra operativa penosa para una jueza federal».
En cuanto a la causa, las tres querellas, que incluyen las representaciones de Valeria Carreras y Fernando Burlando, apelaron el procesamiento en febrero pasado sobre seis altos mandos de la Armada por los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio. En dicha resolución, la jueza federal rechazó el pedido de las querellas para imputar al ex presidente Mauricio Macri, a Aguad, su ministro de Defensa, y al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
Tagliapietra señaló que desde aquel día la causa «está paralizada». «Nosotros apelamos y teníamos audiencia para el 26 de marzo en la Cámara Federal, pero por la cuarentena se suspendió y no tenemos ninguna fecha nueva para ver cómo continuamos. Todavía nos queda un camino muy largo por delante, pero lo vamos a desandar, no vamos a bajar los brazos nunca», concluyó el abogado.