La Comisión Episcopal de Pastoral Social llamó a no caer en soluciones simplistas frente al problema de la inseguridad juvenil y a apostar por la educación, la contención y la justicia social
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEA) emitió una declaración pública en la que manifestó su preocupación por el avance de proyectos legislativos que buscan reducir la edad de imputabilidad penal en Argentina. Bajo el título “Más oportunidades que penas”, el documento señala que bajar la edad no resolverá el problema de la inseguridad y reclama, en cambio, cambios estructurales que garanticen oportunidades reales para los adolescentes y jóvenes del país.
La pastoral destaca que el debate sobre la imputabilidad no puede desvincularse del contexto de crisis económica, exclusión social y falta de políticas públicas sostenidas, que han profundizado la desigualdad y aumentado la vulnerabilidad de las juventudes. “¿En serio creemos que esa es la solución?”, se preguntan, al tiempo que subrayan que la edad prevista actualmente ya es de 16 años y que lo necesario no es endurecer las penas, sino apostar por un régimen penal juvenil con una mirada integral, humana y esperanzadora.
En el mismo sentido se pronunció la Pastoral Social y la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de Rosario, que adhirieron al comunicado de la CEA y animaron a los legisladores a priorizar políticas de inclusión y educación, en lugar de reducir el problema a una cuestión punitiva. En su adhesión, remarcaron la necesidad de construir caminos de justicia social que enfrenten las causas profundas de la violencia y la marginalidad.
Los obispos advierten que los jóvenes no acceden a derechos básicos como educación, salud, formación laboral ni contención social, y que muchas veces su única opción es el trabajo informal, el narcotráfico o el delito. Sin embargo, subrayan que no son los enemigos, sino víctimas de un sistema que no les ofrece alternativas reales.
Además, señalan que la problemática de la delincuencia juvenil es compleja y que necesita ser abordada con la participación de especialistas como psicólogos, educadores y trabajadores sociales, cuyas voces no siempre son escuchadas en los debates públicos. “Reducir todo a la edad de imputabilidad es caer en un reduccionismo que posterga soluciones verdaderas”, apuntan.
La declaración también resalta que el narcotráfico y el consumo de drogas atraviesan cada vez más a las juventudes, especialmente a aquellas que viven en barrios populares, donde las oportunidades son escasas y el abandono del Estado es evidente. Por eso, hacen un llamado urgente a superar la cultura del descarte y asumir la responsabilidad adulta de ofrecer otro horizonte posible.
“La esperanza está en nuestros jóvenes”, concluyen. “Son tantos los que luchan por sus ideales, que no pactan con la violencia, que ayudan a otros jóvenes. Si somos capaces de escucharlos y caminar junto a ellos, un futuro mejor es posible”.