Baires Fly SA es investigada por su presunto papel en un esquema de lavado de activos que involucra a la Agencia de Discapacidad
Baires Fly S.A., la empresa de aviación privada encargada de trasladar al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia desde la Argentina hacia Estados Unidos tras escapar de Brasil, es una de las firmas que aparece investigada como parte de un presunto esquema de lavado de activos ligado a la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22:50 por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, junto con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.
Según el comunicado oficial y un documento de vuelo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, luego la comitiva viajó a bordo del Gulfstream G400 de Baires Fly hacia la ciudad de Miami, con una previa escala en Guayaquil, Ecuador. Los cuatro lo hicieron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” para ingresar a la Argentina.
Esta compañía es una de las que se encuentra bajo investigación en la causa ANDIS, por su presunto papel en un esquema de circulación de dinero proveniente de droguerías que fueron beneficiadas con contrataciones irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, se indagan transferencias millonarias que recibió la compañía y facturas emitidas por supuestos servicios aeronáuticos, que podrían haber sido usados para dar una apariencia legal a fondos de origen ilícito.
Uno de los principales focos de la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo está puesto en Sergio Daniel Mastropietro, empresario vinculado a Baires Fly que se encuentra procesado en la causa.
De acuerdo con la hipótesis de la Justicia, habría estado a cargo de la “recaudación del dinero y de las maniobras dirigidas al blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos” por Miguel Ángel Calvete, quien habría sido intermediario entre la ANDIS y los laboratorios investigados.
Las pruebas recolectadas apuntan que el 10 de septiembre de 2025 Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias provenientes de droguerías favorecidas con adjudicaciones de la Agencia de Discapacidad. Luego, Baires Fly S.A. emitió facturas a las mismas droguerías por los mismos montos por el concepto de “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”.
Sin embargo, la Fiscalía apunta a que esta maniobra pudo haber sido utilizada para canalizar fondos de las maniobras irregulares de ANDIS.
El Gobierno, en la mira por Bolsonaro
Luego de que se confirmó que el excandidato presidencial brasileño ingresó a la Argentina para escapar hacia Estados Unidos tras la prohibición judicial para salir de su país, se presentaron dos denuncias penales contra el Gobierno nacional.
Por un lado, la diputada Marcela Pagano hizo una presentación ante la Justicia Federal de Misiones por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilegal de personas en tránsito por la República Argentina, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
En ese sentido, pidió que se investigue el ingreso de Bolsonaro y su familia, que se preserve la documentación y las filmaciones que pueda haber sobre su paso por la Argentina y se pidan informes a la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la ANAC y a la empresa Baires Fly. También solicita que se ordenen testimoniales a quienes estuvieron involucrados.
A esta se sumó una denuncia realizada por el dirigente de izquierda Gabriel Solano que apunta directamente contra el presidente Javier Milei y “todos aquellos funcionarios públicos que, en el marco de sus funciones y mediante un plan sistemático, resulten coautores, cómplices, instigadores o partícipes necesarios de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
“Los hechos que motivan la presente presentación se centran en un grave desvío de poder y en la utilización ilegal de la estructura del Estado para burlar la cooperación judicial internacional, poniendo en riesgo la seguridad nacional y las relaciones exteriores de la República”, apuntó en el escrito.