Por José Calero* Jefe de Economía de la agencia NA.
El Gobierno advirtió que la economía argentina se está «ahogando» en medio de la crisis sanitaria, por lo que instó a los bonistas a aceptar la última oferta de renegociación, en medio de datos que reflejan cómo la recesión está provocando daños de gran magnitud en el aparato productivo.
El reconocimiento de la delicada coyuntura económico y social no parece solo estrategia en la negociación por la deuda, sino que está respaldado por datos lacerantes difundidos por el INDEC, que reflejan el tobogán por el que cae la actividad económica.
En medio de la pandemia, la actividad cayó 20,6% en mayo último y acumula una baja del 13,2% en los primeros cinco meses del año.
El único dato positivo aparece en el incremento de 10% con relación a abril, pero el panorama sigue siendo desalentador.
A esto se suma que el 97% de los empresarios consultados informó una caída de la economía en el primer semestre del año, según la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA.
Y para el próximo semestre un 63% de los consultados espera incluso que la situación económica empeore.
En este escenario recesivo, la cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires se derrumbó 48% interanual en junio.
Así, acumuló así 25 meses de caída ininterrumpida, informó el Colegio de Escribanos porteño.
Es esta coyuntura delicada la que mete mayor presión sobre la negociación con los acreedores.
Empujados por BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, los bonistas pidieron un último esfuerzo a la Argentina para cerrar el acuerdo.
Pero esta vez el Gobierno parece haberse plantado al ratificar que la última propuesta presentada es la «definitiva».
Apenas está dispuesto a aceptar cambios en los términos legales de la oferta, pero nada de mejorar el valor presente neto a reconocer por los bonos.
El Gobierno sostuvo que tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible, pero aclaró que ese convenio no debe someter al pueblo a «más sufrimientos y angustias».
El 4 de agosto próximo vencerá el plazo para que los acreedores respondan si acompañarán la oferta, y el panorama sigue siendo abierto, aunque los mercados parecen inclinarse más por la posibilidad de un acuerdo.
La Argentina se muestra firme y advierte que de no haber acuerdo «toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente el país».
El mensaje es claro: si quieren cobrar, acepten esta oferta, porque no habrá más mejoras y la próxima vez tal vez haya aún menos para ofrecer.
La Argentina se quejó de los intentos de «imponer cargas adicionales a una economía que se está ahogando en plena crisis del COVID-19, en donde se ha hecho un esfuerzo enorme por preservar la vida humana a costa del bienestar inmediato de la población».
El Gobierno ya admite lo que la estadística está proyectando: más del 50 por ciento de niños argentinos sobreviven en la pobreza.
El esfuerzo durante la pandemia ha sido mayúsculo: el Tesoro Nacional usó recursos extra que rondan los $ 900.000 millones.
El BCRA ya transfirió al Tesoro 1,25 billón de pesos para cubrir el déficit fiscal del primer semestre y pagar deuda.
Buena parte de los gastos se están cubriendo a costa de resignar inversión pública, una estrategia que buscará revertirse en el segundo semestre.
Los planes de vivienda fueron muy afectados por el recorte de gastos, por lo que ahora se busca relanzar el plan Procrear.
El impacto sobre el empleo.
Así como la mayoría de las dificultades se tratan de aplacar con subsidios, los gobiernos están echando mano al empleo público como otra forma de disimular el desastre económico.
Se pasó de contabilizar 2.712.800 empleos públicos en el 2012 a alcanzar los 3.213.000 en el 2020, equivalente a un crecimiento del 26% de la planta en el lapso de los últimos 8 años y a 665.000 nuevos empleos en la esfera estatal, según datos del IARAF.
En este lapso, los asalariados públicos aumentaron su importancia relativa en el empleo registrado total, pasando de un 23,4% en 2012 a representar 27,3% en abril de 2020.
En 2012 los trabajadores privados registrados contabilizaron 6.068.500 y fueron equivalentes al 55,7% del empleo registrado total del país.
Las recurrentes crisis de los últimos años hicieron que el grupo de trabajadores registrados pierda participación en el empleo total, hasta llegar a abril 2020 con un total de 5.807.200 trabajadores (261.000 menos que en 2012) y una participación del 49,3% en el total.
Así, la pandemia vino a potenciar todos los males de una economía argentina exhausta, que no logra ver la luz al final de un túnel que parece interminable.
* jcalero@noticiasargentinas.com.
@JoseCalero.