La Corte Suprema instó a que se investigue la conformación de la Sala I de la Cámara Federal que días atrás cambió la acusación contra el empresario Cristóbal López y dispuso su liberación, en la causa por la cual está sospechado de no pagar 8 mil millones de pesos en impuestos.
Mediante un oficio enviado al Consejo de la Magistratura pidió que se «arbitren los medios» para que se investigue la conformación del Tribunal, integrado por Leopoldo Bruglia, Jorge Ballestero, y Eduardo Farah.
«Los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dirigen a usted a fin de solicitarle que arbitre los medios que tiene a su alcance a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que en la causa nro. 4943/2016 López Cristóbal s/defraudación contra la administración pública, y además si existió alguna irregularidad en esa conformación», indicó el fallo que llevó la firma de los cinco jueces», indicó el pronunciamiento firmado por los cinco jueces del máximo tribunal.
El planteo se produjo un día después de que la diputada y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, pidiera formalmente al Consejo de la Magistratura que investigue a los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero por posibles coimas detrás del fallo que ordenó la liberación del empresario-.
La dirigente oficialista reclamó puntualmente que se investigue «si hubo intereses económicos involucrados» en la sentencia que benefició al fundador del Grupo Indalo y a su socio Fabián de Sousa con el cambio de calificación en la causa por la que se los investigaba.
El asunto comenzó la semana pasada, cuando la Cámara Federal penal porteña falló a favor de la excarcelación de los empresarios, acusados de apropiarse indebidamente de unos 17 mil millones de pesos que debían haber pagado en calidad de impuestos por la venta de combustibles en las estaciones de Oil.
En su fallo, los jueces Farah y Ballestero consideraron que no hubo vaciamiento de la petrolera y que el intento de vender la firma, pese a que pesaba sobre ellos la inhibición de bienes, corresponde ser investigado por la justicia comercial.
De esta manera, los camaristas decidieron cambiar la carátula de la causa de «administración fraudulenta en perjuicio del Estado» a la de «apropiación indebida de tributos», que prevé penas mucho menores.