El miércoles pasado, cuatro nuevas integrantes juraron para el Consejo frente al titular de la Corte, y aunque el Congreso había comunicado sus representantes horas antes, el senador por Río Negro y la diputada santacruceña de la UCR no participaron de la jura
La integración del Consejo de la Magistratura se complejizó con la discusión por los nuevos representantes y un aspecto central de ese conflicto será si la Corte Suprema hará jurar o no al senador Martín Doñate y a la diputada Roxana Reyes para asumir en el organismo que selecciona y remueve a los jueces.
El miércoles pasado, cuatro nuevas integrantes técnicas juraron para el Consejo frente al titular de la Corte, Horacio Rosatti, y aunque el Congreso había comunicado sus representantes horas antes del acto, el senador por Río Negro y la diputada santacruceña de la UCR no participaron de la jura.
En la Corte explicaron que esto ocurrió así porque el procedimiento de rigor consiste en que el Consejo envía los documentos que avalan al candidato y que, una vez revisados por los asesores letrados, el máximo tribunal decide la fecha de jura a través de una acordada.
«La ansiedad no es la lógica de la Corte», aclaró uno de sus voceros y además recordó que el mismo día de la jura llegaron al Consejo de la Magistratura impugnaciones a las dos candidaturas, tanto a la de Doñate como a la de Reyes.
Desde el lunes pasado, cuando se ejecutó el fallo de diciembre de 2021 por el cual la Corte ordenó volver a la composición del organismo anterior a 2006, Rosatti es el presidente también del Consejo de la Magistratura.
En ejercicio de esta nueva función, Rosatti ya se reunió con sus principales funcionarios administrativos, Mariano Pérez Roller y Daniel Cholakian; incluso visitó la sala de plenarios, que ya se adaptó para 20 miembros, y saludó a los empleados judiciales.
Estando ya al frente del Consejo y siendo titular de la Corte, las cuestiones administrativas y de forma para que asuman los dos consejeros que faltan no deberían ser un problema para el jurista santafesino.
Sin embargo, la prudencia con la que se manejaron en la Corte frente a la situación de Doñate y Reyes se cumplió de modo tajante entre las fuentes del tribunal: se limitaron a decir, en términos jurídicos, que es tan posible que se fije fecha para la jura de ambos, como que no.
Un antecedente que da sustento a la alternativa de permitir la asunción de los candidatos discutidos lo protagonizó en 2015 el consejero del PRO Pablo Tonelli, cuando el macrismo juntó los votos de más de quince bloques e interbloques para empujar por su incorporación al organismo que selecciona y remueve jueces.
Como en esta oportunidad la oposición parlamentaria se quejó por la postulación de Doñate, en aquel entonces el Frente para la Victoria recurrió a la Justicia con un amparo que fue rechazado con el argumento de que las decisiones tomadas dentro de las competencias de un poder no son materia judicializable.
A partir de esa fundamentación, en el sector más afín al oficialismo del Consejo estiman que «no hay margen» para que la Corte siga sin definir una fecha de jura para Doñate y Reyes, más allá de la judicialización en curso de ambas designaciones.
En este conflicto institucional entre poderes, el interbloque del oficialismo en el Senado intentará reactivar la semana que viene la discusión sobre una reforma en la composición de la Corte, para ampliar la actual integración de 5 miembros a 9.
La propuesta del Frente de Todos, al igual que la media sanción que dio en la Cámara alta al proyecto de ley sobre el Consejo, pone el acento en la federalización de estas instituciones judiciales.
Para eso propone designar por regiones a los futuros representantes del organismo.
Pero estas iniciativas están complicadas por la correlación de fuerza que existe actualmente en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya anticipó que bloqueará cualquier intento reformista en la Justicia mientras sigue reclamando la condición de segunda minoría en el Senado para el bloque del PRO.
El senador cordobés Luis Juez reclama para sí el lugar de Doñate y su objetivo político lo trasladó el jueves pasado a los Tribunales federales de Comodoro Py, donde denunció penalmente a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Los múltiples escenarios político-institucionales y judiciales propios de un conflicto de este tipo sostienen la expectativa mientras se esperan definiciones importantes para la semana que viene.