La corte suprema de Brasil tratará el próximo martes 26 de junio otro pedido de liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), detenido desde el 7 de abril pasado, condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción en la Operación Lava Jato y favorito en las encuestas para las elecciones generales de octubre.
La decisión fue tomada por el juez Edson Fachin, instructor de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal, quien giró para tratar el asunto a la sala II de la máxima corte, considerada la más garantista.
Según informó la oficina de prensa del Supremo Tribunal Federal, Fachin le pidió a la Sala II del supremo tribunal incluir el caso Lula en la reunión del 26.
El pedido extraordinario hecho por la defensa de Lula reclama que el ex presidente sea liberado para esperar el juzgamiento de su apelación ante la tercera instancia.
«La liberación no causará ningún daño a la justicia pública o a la sociedad, dado que el mantenimiento de la prisión causa lesión grave de difícil reparación. Se trata un precandidato presidencial que corre riesgo de tener sus derechos políticos indebidamente cortados, lo que es algo gravísimo e irreversible», dice el pedido de la defensa.
La defensa quiere que Lula salga para esperar en libertad la apelación y también considerar que fue sometido a un juicio de excepción por un juez (Sérgio Moro) de la ciudad de Curitiba, con supuestos delitos ocurridos en San Pablo.
La agencia Estado publicó hoy un informe en base a la Ley de Acceso de la Información, que indica que la sala II de la corte suprema tiene un historial a favor de aceptar más pedidos de libertad que la sala I.
La sala II está integrada por Fachin, Ricardo Lewandowski, Eduardo Dias Toffoli, Gilmar Mendes y el decano, Celso de Mello.
Lula cumple prisión en virtud a una jurisprudencia del STF de 2016 que permite detener a condenados en dos instancias, cuando la Constitución indica que debe perder la libertad alguien que agotó todos los niveles del Poder Judicial.
El ex presidente es el favorito a vencer las elecciones en primera y segunda vuelta según todos los sondeos, pero puede ser inhabilitado por la justicia electoral luego de que el 15 de agosto se inscriba como candidato, en virtud de la llamada Ley de Ficha Limpia.
Esta norma impide a condenados en dos instancias ser candidatos, aunque el proceso de impugnación puede alargarse incluso más que la elección y que la toma de posesión del mando.