La comunidad impulsa acciones como querellante para que la causa de lesa humanidad que sigue por el asesinato de los cinco religiosos de la Parroquia de San Patricio
La comunidad palotina de la Parroquia de San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, impulsa acciones como querellante para que la causa de lesa humanidad que sigue por el asesinato de los cinco religiosos de esa orden católica, ocurrido hace 45 años, se reactive con la investigación de las hipótesis que sindican a efectivos de La Armada como autores de esa masacre.
La semana pasada trascendió que Ramiro Varela, integrante de la comunidad y fundador del colectivo «Palotinos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia» se incorporó como «amigo del tribunal», por resolución del magistrado Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal 12, que instruye el expediente por la denominada «Masacre de San Patricio», perpetrada en la madrugada del 4 de julio de 1976 por grupos de tareas del terrorismo de Estado.
En ese crimen, el más grave cometido contra integrantes de la Iglesia Católica en la Argentina, fueron acribillados a tiros en la casa parroquial de San Patricio los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
«Hice el preescolar en el Colegio que la Parroquia de San Patricio tiene en el barrio y empecé la primaria ahí, justo cuando comenzaba el Juicio a las Juntas y se ventilaron los crímenes de los religiosos que integraban la orden. Durante años hubo mucho silencio sobre el tema. Pero cuando se cumplieron los 40 años del crimen desde la comunidad decidimos comprometernos para que se haga justicia y este caso no quede impune», señaló Varela en diálogo con Télam.
Así fue como Varela, junto a un grupo de compañeros de la comunidad, decidió fundar el colectivo «Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia», para apoyar a la querella y «mantener vivo el recuerdo» de los cinco mártires de la comunidad, víctimas de la represión ilegal que se ejerció en Argentina durante la última dictadura cívico-militar.
En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba, en el barrio de Belgrano R.
Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, estaba esa noche en su domicilio con unos amigos, y al advertir la presencia de estos vehículos concurrió a la Comisaría 37 para hacer una denuncia.
Un móvil policial se trasladó a San Patricio y el oficial llamado Miguel Ángel Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos se retiró como si hubiera impartido directivas.
Luis Pinasco y Guillermo Silva, dos jóvenes que esa madrugada acompañaban a Martínez, declararon en la causa que, una hora después de que se retirara el patrullero de la seccional 37, varias personas que portaban armas largas salieron de los autos en los que se encontraban y entraron en la iglesia.
Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical.
Cuando logró ingresar, Savino se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutado.
En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas de la procedencia que tenía el atentado: «Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria»; «Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)».
Varela y los integrantes del colectivo «Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia» creen que en la Justicia debería seguir la pista sobre la participación que pudo tener en el hecho Gonzalo Torres de Tolosa, exsecretario del Juzgado de Menores N° 9 durante la última dictadura.
Bajo el alias de «teniente Vaca», este letrado era un civil que integraba el grupo de tareas 3.3.2 que operaba desde la ESMA y que comandaba el genocida Jorge «El Tigre» Acosta.
Tolosa tenía una relación familiar con Acosta, y el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo lo señaló ante la Justicia española como participante de los llamados «Vuelos de la Muerte», y también relacionó al funcionario judicial con «La Masacre de San Patricio».
En la ESMA, Scilingo estaba encargado de los autos que usaban los represores en los operativos, y en función de las estructuras inorgánicas del terrorismo de Estado tenía como superior, de hecho, a Tolosa.
El abogado y civil le ordenó a Scilingo que había que cambiarle el color a un Peugeot 504, y ante la pregunta del militar le reveló que ese vehículo había participado del operativo en el que resultaron asesinados los cinco religiosos.
La sobreviviente de la ESMA Marta Remedios Álvarez ratificó esa versión de Scilingo ante la Justicia sobre los dichos de Tolosa, quien en la actualidad cumple una condena por delitos de lesa humanidad y se encuentra bajo arresto domiciliario por razones de salud.
En julio de 2006 el juez Sergio Torres procesó por el asesinato de los palotinos y otros crímenes a 18 integrantes del GT 3.3.2: Antonio Pernías, Jorge «El Tigre» Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Ernesto Frimón Weber, Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Enrique Perren, Francisco Lucio Rioja, Nestor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Angel Martello, Luis María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta.
Pero un año más tarde, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revocó los procesamientos por falta de pruebas y la investigación se paralizó.
En 2013, Torres ordenó una pericia balística sobre los 28 proyectiles y 35 vainas servidas que se recolectaron en la casa parroquial y que habrían sido disparadas de cinco armas distintas.
Se concluyó que eran armas de 9mm, que en esos años eran utilizadas tanto por los efectivos de la Armada como por los de la Policía Federal.
Ese dato le daba algún asidero a la versión que indicaba que la masacre de la Parroquia de San Patricio era «una venganza» de la Policía por la bomba que la organización Montoneros había puesto días antes en la sede de Coordinación Federal.
Torres, que durante años tuvo a su cargo de la megacausa ESMA, es ahora juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y este año la instrucción de la «Masacre de San Patricio» está en manos de Casanello.
«Creemos que la autoría material estuvo a cargo de la Armada y que la (Policía) Federal liberó la zona. Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo porque los genocidas se van muriendo. Pero no vamos a dejar de militar esta causa y dar la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia», puntualizó Varela.