Por incumplir su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra el coronavirus
La Comisión Europea anunció este lunes que inició acciones legales contra la biofarmacéutica AstraZeneca por incumplir su compromiso de entregar a los Estados miembros las dosis contratadas de su vacuna contra el coronavirus.
El portavoz Stefan De Keersmaecker dice que «la Comisión inició el viernes pasado acciones legales contra la empresa AstraZeneca sobre la base de incumplimientos del acuerdo de compra anticipada».
«No se han respetado algunos términos del contrato y la empresa no ha aportado una estrategia fiable para garantizar una distribución oportuna de las dosis», puntualizó De Keersmaecker, quien precisó que Bruselas actuó tanto «en su propio nombre» como «en nombre de los 27 Estados miembros», que «están totalmente en línea» con esta decisión, reportó la agencia de noticias AFP.
El grupo farmacéutico británico-sueco AstraZeneca reaccionó con un comunicado en el que consideró «infundada» la acción legal iniciada por la Unión Europea debido a los retrasos en la entrega de sus vacunas contra el Covid-19 y aseguró que se defendería «firmemente». AstraZeneca aseguró «respetado plenamente» su contrato con Bruselas y afirmó que esperaba tener «la oportunidad de resolver esta disputa lo antes posible», según un comunicado que replicó AFP.
El contrato de AstraZeneca con la Unión Europea preveía la distribución inicial de 300 millones de dosis entre los 27 países miembros, con opción a otros 100 millones. Pero solo se entregaron 30 millones de dosis en el primer trimestre de 2021, y la compañía dice que solo puede proporcionar 70 millones en el segundo trimestre, en lugar de los 180 millones que había prometido.
Los problemas de AstraZeneca para cumplir con los repartos estipulados en el contrato con la UE han enfrentado desde hace meses a la compañía con la Comisión Europea. Esta situación llevó a Bruselas a enviar una carta a AstraZeneca para iniciar un procedimiento amistoso de resolución de disputas. Tras constatar que este paso intermedio no facilitaba una solución, el Ejecutivo comunitario tomó la decisión de elevar el asunto a la Justicia belga.