La CGT, la CTA de los trabajadores y el Frente Sindical para el Nuevo Modelo Nacional salieron hoy a respaldar una lista de reclamos de la Federación Argentina de Municipios (FAM) al Gobierno nacional, entre los que se destacan la restitución del Fondo Federal Solidario.
Las centrales gremiales aseguraron que los reclamos responden a la «gravedad de la crisis provocada por las medidas del Gobierno», tales como la «devaluación, la licuación de los salarios» y la «altísima inflación» que ya produce, según sostuvieron, «desabastecimiento».
En ese sentido, las centrales gremiales y la FAM plantean acciones inmediatas que contribuyan a «la unidad nacional y a la paz social».
El primer punto propuesto apuntó a decretar la emergencia social alimentaria, sanitaria y tarifaria para asegurar a la población el acceso a los alimentos, a los medicamentos y a los servicios de los hospitales públicos, suficientemente abastecidos de insumos.
Propusieron que se ponga en marcha una Red Nacional de Solidaridad en la que participen el Estado, las provincias, los municipios, las Iglesias, organizaciones políticas, sociales, sindicales y barriales.
También pidieron que se anule el veto presidencial y se ponga en vigencia a la brevedad la Ley 27.743, retrotrayendo las tarifas de los servicios públicos a los valores del 1° de diciembre de 2017, estableciéndose que en el futuro cualquier actualización se realice según el índice salarial.
El segundo punto se refirió a una emergencia económica, productiva y laboral: que se implementen medidas de recuperación de las pymes; de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y para la inmediata recomposición del mercado interno.
En tercer lugar, exigieron la emergencia educativa, con medidas y acciones efectivas que permitan el inmediato regreso a clase a edificios que garanticen su seguridad y la de los trabajadores de la educación.
El cuarto punto consistió en la restitución del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero que asiste a las provincias y a los municipios del país y les permite paliar urgencias de la población. .
Además, pidieron una emergencia en seguridad: que se implementen políticas de prevención del delito, protegiendo a las personas y sus bienes, acompañando a las mismas de una fuerte inversión en acciones inclusivas para la población en general y para los jóvenes en particular;.
Y reclamaron la «plena vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución Nacional: garantizar una verdadera división de los poderes del Estado, respetando las garantías constitucionales del debido proceso y la independencia de los jueces, y cesar con las condenas mediáticas de dirigentes políticos, sociales y sindicales».