La jueza Silvana Quagliatti aceptó la medida presentada por 18 jueces jubilados y conyugues de magistrados fallecidos
El gobierno de Santa Fe, a través de la Fiscalía de Estado, apeló la resolución de la jueza laboral Silvana Quagliatti, quien aceptó la semana pasada un amparo contra la reforma previsional presentado por 18 jueces jubilados y cónyuges de magistrados fallecidos. La administración de Maximiliano Pullaro solicitó la nulidad de esta decisión, argumentando que fue “arbitraria” y carecía de análisis sobre el contexto económico y social que impulsó la reforma previsional sancionada en septiembre.
La Fiscalía criticó la fundamentación del fallo, calificándola de “dogmática” y de responder a “consideraciones políticas más que jurídicas”. Asimismo, el gobierno señaló una contradicción en la sentencia, que menciona una presunta “intranquilidad” en los amparistas por la emergencia previsional, a pesar de que todos ellos están retirados y, por tanto, no afectados en sus funciones activas. Según la administración provincial, la reforma no implica una pérdida de patrimonio ni afecta derechos adquiridos.
La decisión de la jueza, que suspende el aporte solidario de emergencia y el tope de haberes para los amparistas, recibió críticas adicionales del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien sugirió que Quagliatti debería haberse excusado por una supuesta “colisión de intereses”. Este señalamiento de Boasso, a su vez, generó el rechazo del Colegio de Magistrados de Zona Sur de Santa Fe.
Respaldo del sector judicial
El jueves, diversas asociaciones judiciales, entre ellas el Colegio de Magistrados de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales, junto al Sindicato de Trabajadores Judiciales, organizaron una conferencia de prensa conjunta para expresar su preocupación sobre lo que consideran una amenaza a la independencia del Poder Judicial.
Los referentes judiciales objetaron no solo la reforma previsional impulsada por la Casa Gris, sino también lo que describieron como presiones constantes desde el ámbito político. Además, cuestionaron el proceso de selección y estabilidad de los funcionarios judiciales, la falta de recursos y la aplicación de un régimen disciplinario dependiente de la Legislatura, al que calificaron de «amenazante» para investigaciones sensibles, particularmente aquellas relacionadas con delitos de corrupción.