Como se preveía, el oficialismo consiguió hacer ley las reformas en el régimen. La oposición votó en contra del proyecto
En una sesión atravesada por el coronavirus, el oficialismo aprobó hoy en el Senado la ley que reforma el régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos, mientras que la oposición votó en contra.
El proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el esquema de las llamadas «jubilaciones de privilegio», que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados, fue convertido en ley con 41 votos a favor y 21 en contra correspondientes a Juntos por el Cambio que, sin embargo, tuvo varias ausencias de senadores que no quisieron rechazar la iniciativa.
La aprobación se dio en medio de una sesión atípica, con dos senadores aislados por el coronavirus -Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá- y la decisión de la Cámara alta de suspender todos los «eventos previstos para el mes de marzo», con el objetivo de mitigar las posibilidades de contagio de la enfermedad.
Durante el debate, el Frente de Todos defendió la iniciativa al señalar que que se busca «corregir el régimen» especial de magistrados y diplomáticos y «eliminar en forma progresiva» la «inequidad» del sistema.
En tanto, Juntos por el Cambio machacó sobre la idea de que el objetivo del proyecto es «remover jueces» a través de un eventual retiro masivo de magistrados que ya están en condiciones de jubilarse pero continúan en el cargo, al tiempo que criticó presuntas inconsistencias en lo que hace a la cuestión financiera.
El miembro informante del Frente de Todos, Daniel Lovera, señaló durante el debate que «el proyecto hay que analizarlo de manera integral y teniendo en cuenta que el Gobierno ha hecho de la solidaridad un concepto político transversal a todos los abordajes del Estado».
«A partir de los niveles de equilibrio que había hasta 2014, el déficit del sistema previsional aumenta significativamente en los cinco años posteriores. Actualmente marca que hay una gigantesca asimetría entre el régimen general y los regímenes especiales», agregó.
Por su parte, el cordobés Carlos Caserio señaló que «a todos los jubilados del país se les hace el cálculo de jubilación con los últimos 10 años de aportes, mientras que a estas jubilaciones se les hace sobre el último año» y resaltó que «cobrar el 82% del último salario es un privilegio que no todos los argentinos tienen».
Uno de los más críticos en cuanto al aspecto financiero del proyecto en Juntos por el Cambio fue Martín Lousteau, quien apuntó contra la modificación del régimen especial solo de jueces y fiscales y no contra la totalidad de este tipo de jubilaciones.
«Estamos hablando del 3,5% del total de beneficiarios de los regímenes especiales», remarcó Lousteau y agregó: «A 200 mil y pico de jubilados, no solo de estos dos regímenes sino de otros cinco regímenes especiales, los tratamos mejor que a los seis millones de jubilados rasos».
Por su parte, la jujeña Silvia Giacoppo, del mismo bloque, dijo que «lo que se está haciendo es colonizar a la Justicia» y en el mismo sentido el porteño Esteban Bullrich consideró que «lo que busca realmente este proyecto es una maniobra para remover jueces».
En cambio, el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, apuntó al igual que Lousteau a las supuestas inconsistencias de la ley y sostuvo que «aquí no se modifica ningún régimen especial, no se tocan los privilegios, no se toca el 82%, no se modifica la movilidad» y agregó: «Esto de terminar con los privilegios es un verso».
En el cierre del debate, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, le recriminó a la oposición que luego del gobierno de Mauricio Macri «no dejaron nada en pie» y agregó: «Recibieron un sistema previsional sin déficit. Hoy tenemos 632 mil millones de pesos de déficit en el sistema en su conjunto».
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