Así lo expresó en un comunicado la Cámara que está dirigida por Jorge Luis Di Fiore, Eduardo Eurnekian y Guillermo Dietrich
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) pidió hoy al Gobierno de Alberto Fernández que le otorgue «un pago acorde» a los dueños de la empresa Vicentin que el Gobierno intervino y dispuso sujeta a expropiación.
Así lo expresó en un comunicado la Cámara que está dirigida por Jorge Luis Di Fiore (de Di Fiori y Cía SA); Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000) y Guillermo Dietrich (de los concesionarios de autos Dietrich SA).
La Cámara dijo que la economía basada en la iniciativa privada es «el sistema más efectivo y eficiente de generar valor, incrementar la calidad de la producción, crear empleo y mejorar las condiciones sociales, especialmente de los sectores mas vulnerables».
Aseguró que las intervenciones por parte de la administración pública en la economía son útiles en tanto sean funcionales a que las empresas privadas sigan en manos privadas y se generen más negocios.
«Normas claras y estables son necesarias para generar un ambiente que permita un adecuado funcionamiento colectivo, surgido de las iniciativas privadas consolidadas en proyectos de empresas, personas y asociaciones varias», dijo la CAC.
El principio de subsidiariedad del Estado en la economía y la sociedad, supone que las empresas privadas «resultan lo más apropiado para alcanzar el aumento de la inversión, la generación de puestos de trabajo de calidad y el despegue exportador».
Tras ello, la CAC dijo que la expropiación de Vicentin «debe ser una medida excepcional y ajustada a lo que establece la Constitución Nacional: fundarse en utilidad pública y estar calificada por ley y previamente indemnizada, lo que supone una tasación adecuada y un pago acorde».
A mostrar su disconformidad sobre cómo actuó el Gobierno, la entidad dijo que el respeto de las normas y de la división de poderes, así como la limitación del rol estatal en los asuntos públicos, son esenciales en una economía y una sociedad modernas».
También indicó la Cámara que «la creación de condiciones de previsibilidad resulta un elemento clave para la toma decisiones que deriven en una economía virtuosa y próspera. Por el contrario, medidas que generan incertidumbre conspiran contra tal objetivo».
«La intervención de una empresa que se encuentra en trámite concursal implica un procedimiento anómalo –genera un conflicto con la normativa existente y con la jurisdicción del juez concursal– que es probable que provoque litigiosidad que afecte a las arcas públicas y el funcionamiento de la empresa», agregó la entidad.