Por Carlos Heller
Hay palabras que valen más que mil imágenes: Miguel Schiariti, el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), afirmó esta semana que «si le llega a la gente el ‘plan platita’ se viene un aumento del precio de la carne».
¿Quieren una declaración más clara de por qué hay inflación en la Argentina? Es una verdadera confesión: lo que está diciendo es que, cuando a los argentinos y a las argentinas se les mejoran sus ingresos a través de las políticas públicas y de las negociaciones paritarias, esos mayores recursos se los apropian los grupos monopólicos por la vía del aumento de precios.
Por eso, lo que la inflación genera es un efecto contrario a las políticas distributivas del gobierno. Schiariti ha demostrado con sus declaraciones la existencia de la puja distributiva. ¿Qué es entonces el congelamiento de precios? Un intento de que los mayores ingresos de los ciudadanos y las ciudadanas no sean apropiados por algunos empresarios vía remarcación de los precios.
De lo que estamos hablando es de la transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen aún en medio de la pandemia. Por eso, el Gobierno intenta implementar dos políticas en simultáneo: por un lado, distribuir mayores recursos en la población para mejorar su nivel de ingresos y consecuentemente ampliar la demanda; por otro, delinear medidas para que esos recursos no se los queden los formadores de precios.
¿Los precios suben porque se incrementaron los salarios, o es al revés? Dado que suben los precios, ¿los salarios van aumentando detrás tratando de recuperar lo que van perdiendo? No hay dudas de que es lo segundo. El Presupuesto vigente establece que uno de los objetivos del Gobierno consiste en que los ingresos reales crezcan por encima del incremento de los precios.
En ese marco, la oposición política y mediática vuelve a insistir con que la Argentina no tiene un plan. ¿Qué quieren decir con ello? Lo de siempre: que no hay un plan de ajuste. Lo que falta, según su perspectiva, son cambios en la legislación laboral y previsional o medidas para achicar el déficit fiscal primario. Lo que sucede es que, para nosotros, la modalidad de achicar el déficit primario es por el lado de los mayores ingresos.
Es decir, a través de políticas que contribuyan al crecimiento de la economía, y por lo tanto a la mayor recaudación, y/o a través del aumento de los impuestos progresivos aplicados a los que están en condiciones de tributar más, entre otras iniciativas. En cambio, para ellos, el único modo de reducir el déficit fiscal primario es por la vía del ajuste.
Por supuesto, esto último es inviable: analizando la estructura del gasto en la Argentina, el Estado destina el 56% del gasto primario a prestaciones sociales y otro 14% a sostener el subsidio de las tarifas de energía y transporte. Sólo en esos dos ítems se concentra alrededor del 70%, del gasto público. Por lo cual, desde su perspectiva, es difícil ajustar si no se interviene en esos dos rubros.
Por eso, para la principal oposición en la Argentina hay que aumentar, entre otras cuestiones, las tarifas para bajar los subsidios. También en estos casos nosotros nos diferenciamos: proponemos segmentar las tarifas de energía de tal modo que se les pueda aumentar a los que pueden pagar y no hacerlo o hacerlo menos a quienes no puedan afrontar esos incrementos.
Por un lado, el subsidio debe estar orientado a quien lo necesita. No tiene sentido subsidiar a aquel que puede pagar. Por otro, no se puede abandonar a su propia suerte a quienes tienen menos recursos.
Aumentar de modo universal el precio de estos servicios para bajar los subsidios y reducir el déficit significa que muchísima gente no podría seguir utilizándolos. Pero esos servicios públicos son derechos humanos y, por lo tanto, no se puede excluir a una parte de los usuarios. Algo parecido sucede con las jubilaciones y demás prestaciones previsionales que no pueden ser objeto de ajuste. Más bien, todo lo contrario, hay que mejorarlas.
La Argentina va a cerrar el 2021 con alrededor de 15.000 millones de dólares de superávit de balanza comercial. Hay otra buena noticia: las importaciones, que también crecieron de modo significativo, cambiaron su composición porque subió notablemente el rubro de máquinas, equipos y todo lo que tiene que ver con los procesos de producción.
En simultáneo, bajó la importación de productos de consumo que compiten con producción nacional. Por eso es tan importante una negociación exitosa con el FMI. Si el país no tiene obligaciones de pago de deuda externa en el horizonte de los próximos años, desaparece el problema de la balanza de pagos, y todos los recursos que se generan se pueden volcar al desarrollo nacional.
En simultáneo a esas negociaciones, el expresidente Mauricio Macri afirmó que «si ganábamos la elección, arreglábamos la deuda con el FMI en cinco minutos». Ya en el 2015 había asegurado que bajar la inflación era «una de las cosas más simples de hacer». Ambas declaraciones pertenecen a la saga de la ciencia ficción macrista: arreglar rápido lo que ellos produjeron o profundizaron y no pudieron resolver siendo gobierno. Claramente, como sucedió con los fondos buitre, para Macri negociar es conceder todo lo que le piden los acreedores.
La oposición de Juntos por el Cambio repite que el Gobierno no tiene un plan, pero lo tiene y es el que se está implementando. Piden un programa para negociar con el FMI y es al revés: la negociación con el FMI es parte del programa que se está llevando adelante. El plan es invisible a los ojos de la oposición. Para ellos hay un único programa y es el del ajuste. Para nosotros, hay otro: el que expresa el interés de la mayoría de los argentinos y las argentinas. La alternativa es la de siempre: crecimiento con distribución, o ajuste.