Empresas del sector cuestionaron la decisión judicial de no homologar el acuerdo para el pago a los acreedores de la cerealera
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales que eviten “politizar” sobre las decisiones judiciales en torno a la empresa Vicentin.
Recientemente, la Justicia dispuso no homologar el acuerdo para el pago a los acreedores de la compañía, necesario para superar el concurso preventivo.
Uno de esos acreedores es el Banco Nación, que celebró la decisión judicial: su presidenta, Silvina Batakis, dijo esta semana que la deuda que tomó Vicentin con esa entidad financiera “fue una estafa enorme para el banco. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le presta U$S 300 millones”.
En un comunicado, CIARA-CEC consideraron que “es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”.
Además, alertaron que la medida judicial “pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso puede deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequia y tensiones sociales de público conocimiento”.
También señalaron que si el Estado Nacional “continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria”.
“Por lo tanto, se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten ‘politizar’ las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”, concluyeron.