El expresidente es investigado por corrupción. No obstante, se prepara para las elecciones generales previstas para el próximo 11 de abril
Una jueza peruana declaró infundado el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra en una investigación fiscal por corrupción, tras lo cual el exmandatario reafirmó su candidatura «con más fuerza que nunca» para las elecciones generales previstas para el próximo 11 de abril.
«Se resuelve declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por la Fiscalía y se impone al procesado Martin Vizcarra medidas de comparecencia con restricciones», dijo la jueza María de los Ángeles Álvarez al final de una audiencia por videoconferencia.
El fiscal Germán Juárez había solicitado detener al exmandatario alegando que existe riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, mientras avanza la pesquisa. El caso se abrió en octubre de 2020.
La jueza justificó su fallo al descartar que exista riesgo de fuga y de abandono del país, como alertó la Fiscalía.
Entre las medidas impuestas figura el pago de una caución de 27.000 dólares, prohibición de salir de Lima sin permiso judicial, así como de declarar a la prensa sobre la investigación en curso.
«Quiero agradecer a los millones de peruanos que creen en mí y me han respaldado. Ahora regresaremos con mas fuerza a nuestra actividad política. Seguimos en campaña electoral», dijo Vizcarra a periodistas tras conocer la decisión, en alusión a las elecciones generales del 11 de abril, en las que se postula como legislador.
Aseguró que cumplirá «estrictamente» con las medidas de restricción dictadas en su contra, entre las que se encuentra la imposibilidad por el momento de abandonar el país.
También dio las gracias a su abogado y su familia «por los difíciles momentos que han atravesado» recientemente y expresó su satisfacción por el apoyo recibido por parte de «millones de peruanos que lo respaldaron».
«Gracias por creer en mí y enviar sus oraciones y fuerza en estos momentos», dijo.
La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de delitos de corrupción de funcionarios ratificó una orden cautelar de impedimento de salida del país hasta mayo de 2022.
Más temprano, durante su alegato final el expresidente (2018-2020) había insistido en su inocencia frente a las acusaciones de corrupción y prometido que no abandonaría el país.
«Confío en que usted señora jueza resolverá con autonomía e independencia este caso, lejos de presiones políticas y avalanchas mediáticas», dijo Vizcarra.
El exmandatario está acusado de recibir sobornos de empresas a cambio de otorgar dos obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), y el fiscal Juárez estimó que una eventual condena en un juicio «no bajaría de los 33 años» de cárcel. Vizcarra niega los cargos.
Los montos de los supuestos sobornos alcanzarían 621.000 dólares, según medios locales.
Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago que desató violentas protestas con saldo de dos muertos y una crisis institucional en plena pandemia.
En el lapso de 10 días, Perú tuvo tres presidentes.
El exmandatario alega ser víctima de un intento de sacarlo de la carrera electoral.
La Fiscalía abona la tesis de que Vizcarra planea fugarse a Bolivia porque conoce al presidente Luis Arce desde la época en que el peruano era gobernador en Moquegua y el dirigente boliviano era ministro de Evo Morales.
El exmandatario, muy popular en su gobierno por haber emprendido una cruzada contra la corrupción que aqueja a Perú, es el más reciente de los dirigentes políticos del país envuelto en problemas legales.
Su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, cumple prisión preventiva por 36 meses en su domicilio desde abril de 2019 tras ser salpicado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.