Por su presunta participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019, una acusación que ella negó
Una jueza dictó cuatro meses de prisión preventiva para la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez por su presunta participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019, una acusación que ella negó.
«Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió», afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar de varias horas realizada anoche mediante una plataforma tecnológica.
Santa Cruz escuchó en audiencia a las partes, tanto a la Fiscalía como a los abogados defensores de Áñez y de sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, detenidos todos el fin de semana, informó la agencia de noticias AFP.
La Fiscalía había pedido inicialmente para los tres políticos seis meses de prisión preventiva.
Áñez, quien escuchó la audiencia desde una dependencia policial, agregó por Twitter: «Desde aquí llamo a Bolivia a tener fe y esperanza. Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor».
La exmandataria, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni, 600 kilómetros al noreste de La Paz, después que sus dos ministros Coímbra y Guzmán.
Los tres están acusados de sedición, terrorismo y conspiración.
Áñez, abogada, política y expresentadora de televisión, fue detenida mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento en las recientes elecciones locales.
La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo «un presunto golpe de Estado» contra Morales, quien dimitió en noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.
Los opositores de derecha y centro denunciaron entonces que Morales, en el poder desde 2006, cometió fraude en las elecciones presidenciales de un mes antes para gobernar de manera ininterrumpida hasta 2025.
Las protestas derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.
En la demanda figuran cinco exministros de Áñez, y jefes policiales, militares y civiles, sobre quienes pesan órdenes de captura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA urgió en Twitter «al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial».
Explicó que emitía su posición «ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones», realizadas desde el viernes en la noche.
Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que se respeten «las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos», según un comunicado de su portavoz.
La Unión Europea calificó de «preocupantes» los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.
La influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en tanto en un comunicado «la inmediata puesta en libertad de los detenidos». Los obispos dijeron que no pueden «permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia».
Áñez asumió la presidencia tras la dimisión de Morales y ahora exige un juicio de responsabilidades o de privilegio; que se realiza en el Tribunal Supremo de Justicia, previa autorización del Congreso.
Morales respondió desde Twitter que «no se puede hablar de sucesión constitucional […] cuando se ha violado» la Constitución y dijo que Áñez «se autodesignó presidenta».
En la misma línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que le corresponde un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.