Tras juzgar que los tribunales británicos no pueden contradecir al gobierno, que considera a Guaidó como mandatario interino, "queda saber si los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Venezuela pueden ser reconocidos aquí"
La Corte Suprema británica reenvió hoy al fuero comercial el caso de las 31 toneladas de oro venezolano guardadas en el Banco de Inglaterra, cuyo control se disputan el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el opositor Juan Guaidó.
Tras juzgar que los tribunales británicos no pueden contradecir al Gobierno del primer ministro conservador Boris Johnson, que considera a Guaidó como mandatario interino, «queda saber si los fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Venezuela pueden ser reconocidos aquí», por lo cual «el caso es reenviado al Tribunal de Comercio», afirmó el alto tribunal en un comunicado.
Ambas partes designaron comités de gestión del Banco Central de Venezuela (BCV), «que han dado instrucciones divergentes sobre las reservas internacionales del país», aseguró la Corte Suprema británica, informó la agencia de noticias AFP.
El BCV nombrado por Maduro quiere recuperar las toneladas de oro depositadas en el banco británico, pero por ahora, no puede acceder porque Londres reconoce como presidente interino a Guaidó, quien se autoproclamó jefe de Estado en 2019 con el apoyo de Estados Unidos.
El Gobierno de Maduro, a través del BCV, lleva casi tres años intentando recuperar sin éxito 31 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en 1.000 millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.
Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada entonces por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen que califica de «cleptócrata».
El Gobierno venezolano afirma que necesita ese dinero para combatir la pandemia de coronavirus, por lo que inició en mayo de 2020 una querella contra el Banco de Inglaterra y argumentó que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria.
Pero la institución, que custodia fondos para numerosos países, se declaró atrapada entre dos grupos rivales que le daban instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resolviese quién tiene su control.
Desde entonces, un juzgado comercial de Londres falló en julio de 2020 que el Gobierno británico había reconocido a Guaidó como presidente interino y que la «doctrina de la voz única» le otorgaba el poder de decir el destino de los fondos del país en el extranjero.
Sin embargo, tres meses después el Tribunal de Apelaciones remitió el caso por considerar que ese reconocimiento podía ser en realidad una mera declaración política y que era posible que el Gobierno de Johnson siguiese reconociendo «de facto» a la administración de Maduro.
La situación es ambigua: como Estados Unidos, Londres no reconoce la legitimidad del nuevo parlamento y reitera su apoyo a Juan Guaidó, que no tiene poder en el país.
Al mismo tiempo, el Reino Unido mantiene una embajada en la capital venezolana Caracas, aunque con relaciones diplomáticas reducidas.
Si la justicia británica falla finalmente a favor de la dirección del BCV designada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición, que sufrió una aplastante derrota en las elecciones regionales de noviembre último, espera utilizar para recuperar los activos venezolanos depositados en otros bancos europeos.
En Estados Unidos, la gestión de los activos del país rico en petróleo fue confiada a Guaidó.