Es por un proyecto que busca suspender procesos judiciales que ordenen el pago de sumas de dinero contra el Estado
Un grupo de abogados jujeños autoconvocados rechazó el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo local que busca suspender procesos judiciales que ordenen el pago de sumas de dinero contra el Estado y solicitaron la promoción de juicio político contra el gobernador, Gerardo Morales, por considerar que la medida es “inconstitucional” y “atenta con la propiedad privada”.
La disposición del gobierno que se debe discutir en la Legislatura de Jujuy requiere la suspensión de la “iniciación de trámites y procesos de ejecución” de sentencias que ordenen el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en la obligación de pagar y el dictado o ejecución de medidas cautelares y ejecutivas contra el Estado provincial, mientras dure la pandemia por coronavirus.
Ante esta situación, abogados autoconvocados presentaron este mediodía en el Parlamento provincial un pedido de promoción de juicio político contra el mandatario radical, por considerar que “no tiene facultades para generar una ley de estas características”.
“Se ha pedido la promoción de un juicio político en contra el gobernador a raíz de un proyecto de ley que está impulsando para declarar la suspensión de pagos ordenados por sentencias, lo cual viola gravemente la Constitución para que la provincia pague lo que debe”, señaló en una rueda de prensa Alberto Nallar uno de los abogados denunciantes.
La norma a discutir, que lleva la firma del gobernador, pide la suspensión de juicios a los órganos de la administración central, entidades descentralizadas y entes autárquicos ligados a la estructura del gobierno.
Frente a la extraordinaria “necesidad” de recursos públicos por el aislamiento obligatorio “quedó impactado con crudeza el sistema económico nacional y provincial paralizando la circulación de bienes y servicios, neutralizando sistemas de recaudación, privando ingresos que constituyen recursos propios”, dice el proyecto oficial.
“El gobernador no puede despertarse un día y decir esta sentencia queda sin efecto, a esta gente no le pago”, señaló, por su parte, el letrado Raid Quintar sobre la medida que intenta no pagar a proveedores que “han trabajado” para el Estado o trabajadores que tuvieron accidentes y sus casos fueron resueltos según los pasos procesales judiciales.
Asimismo, los denunciantes analizaron que la situación de quebranto en la que se justifica el proyecto de ley es una “quiebra generada por el propio gobernador a través de un endeudamiento vergonzoso de la provincia para ejecutar obras que han sido contratadas de forma directa que aún no se han terminado de ejecutar”.
“Hemos quedado con la deuda y con la carga social de que no se van a pagar las sentencias judiciales”, agregó Nallar por lo que entendieron que “existe una mala administración por parte del gobernador que lo hace inhábil para continuar en el cargo, razón por lo que pedimos la promoción de juicio político”.
Finalmente, los abogados adelantaron que si se sanciona la ley plantearán su inconstitucionalidad y en caso de que no suceda estarán «agradecidos de la razonabilidad para no justificar terrible herramienta legal que avasalla derechos”.