"No se puede enjuiciar a un juez por el contenido de sus fallos", afirmo Violini, quien hizo lugar a un habeas corpus colectivo que habilitó la concesión de prisión domiciliaria por la pandemia a detenidos
El juez de la Cámara de Casación Bonaerense Victor Violini dijo hoy que no le teme al pedido de juicio político que realizó la ONG Usina de Justicia, aseguró que fue tomado como «chivo expiatorio» y sostuvo que «no se puede enjuiciar a un juez por el contenido de sus fallos».
«No le temo al pedido de juicio político. Es un pedido político, no se puede enjuiciar a un juez por el contenido de sus fallos», afirmo Violini en declaraciones a la radio online FutuRöck.
En ese marco, indicó que lo que hizo ayer la Suprema Corte bonaerense no fue «anular ni dar marcha atrás con nada, solo encausó nuestra acordada con más pautas» y remarcó que ese planteo «nunca estableció liberar a violadores y asesinos; es una locura decir eso».
Violini hizo lugar a un habeas corpus colectivo que habilitó la concesión del beneficio de prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus a detenidos, una resolución que ayer fue revocada parcialmente por el máximo tribunal de la provincia, que estableció que cada pedido en ese sentido debe analizarse caso por caso por el juez competente.
El fallo, adoptado de manera unánime por la Suprema Corte provincial, cuestionó el carácter colectivo otorgado por el fallo del titular de Casación, Víctor Violini, en abril pasado, que derivó en las últimas horas en un pedido de juicio político presentado por la ONG Usina de Justicia.
«Soy el chivo expiatorio en esto, pero la Acordada fue de todo el tribunal. Se necesitaba hacer un acting», dijo Violini y remarcó: «No tengo ningún acuerdo con el Gobierno; no conozco a nadie del Gobierno».
En ese marco, explicó que la resolución que él habia firmado en abril pasado «nunca estableció que se les otorgara domiciliarias a personas detenidas por delitos graves» y remarcó que «es exactamente lo contrario».
Además, Violini señaló que «hay que solucionar el hacinamiento en las cárceles» en un contexto enel que «hay 24.000 plazas para 50.000 personas».
«En los últimos cuatro años aumentó la población carcelaria en 16.000 personas, la gran mayoría por delitos menores», aseveró el camarista del tribunal de Casación bonaerense.
La ONG Usina de Justicia, una organización que defiende los derechos de víctimas de delitos, acusó al magistrado de «incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones y por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo».
En un escrito presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento, con firmas del abogado de la entidad, Fernando Soto, y de su presidenta, Diana Cohen Agrest, se afirma que el «temerario obrar del juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal».
La presentación dice que Violini «ha lesionado un adecuado servicio de justicia al ‘saltar’ por sobre las competencias de los jueces naturales, vulnerando de ese modo también el principio constitucional de debido proceso legal, con clara y directa afectación del sistema republicano de gobierno».