El abogado José Luis Vázquez, en representación del senador, asegura que "hubo dolo e intención de perjudicarlo" en una causa que tiene como trasfondo "un enfrentamiento político"
El abogado José Luis Vázquez, en representación del senador provincial Armando Traferri, presentó una denuncia por incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra al considerar que «hubo dolo e intención de perjudicar» a su defendido en la causa que investiga una red de juego clandestino. En diálogo con CLG explicó los detalles de la presentación judicial.
La denuncia fue presentada este miércoles por la mañana en el Ministerio Público de la Acusación contra los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos al entender que el legislador provincial por el departamento San Lorenzo forma parte de «un enfrentamiento político» con el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain.
El abogado José Luis Vázquez dijo a CLG que «los fiscales han cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad, por eso los denunciamos». Y agregó: «Hemos venido campeando la denuncia desde el 18 de diciembre, que fue cuando el Senado rechazó el pedido de desafuero. Al día siguiente los fiscales deberían haber archivado las actuaciones con respecto a Traferri, pero no lo hicieron, a pesar de que lo pedimos en reiteradas ocasiones. Todo tiene un límite y este el lunes por la mañana decidimos hacer la denuncia, nos pusimos a trabajar en el estudio con mis socios y hoy la estamos presentando».
«En términos certeros sostenemos que esta es una causa política alentada por Marcelo Sain por su enfrentamiento endémico con el Senado y particularmente con Traferri. Como estos dos fiscales son funcionales y operadores de Sain, hacen lo que tienen que hacer, pero ahora superaron todo límite y van a ser investigados. El delito está fuertemente insinuado», subrayó el letrado que representa al legislador provincial del PJ por el departamento San Lorenzo.
Para Vázquez, «el presupuesto de trabajo de estos dos lamentables fiscales es la mentira, es decir, la falta de cumplimiento del deber básico de un funcionario público, que es la verdad, además de la aplicación correcta de la ley». «Estos muchachos son dos mentirosos desvergonzados que mienten adelante de su superior, porque cuando fueron a Santa Fe a la audiencia con la Comisión de Juicio Político refieren que Traferri se había reunido con Baclini, pero el mismo fiscal general que estaba presente lo negó», relató el abogado.
Y se preguntó: «Si estos fiscales actúan así con un senador de la provincia, ¿Qué nos queda al resto, cuáles son nuestras expectativas de justicia?». Por todo lo mencionado, sostuvo que «en Santa Fe no rige el estado de derecho, al menos en el MPA, y lo lamentable es que tanto el fiscal general (Jorge Baclini), como la fiscal regional (María Eugenia iribarren) y la auditora de gestión (María Cecilia Vranicich) son encubridores de los delitos que han cometido estos dos fiscales, y oportunamente también los vamos a denunciar».
En un texto difundido a la prensa, Vázquez subraya una serie de contradicciones de los fiscales. Entre ellas figuran:
- Que los fiscales afirmaron que “…Patricio Serjal acordó con Leonardo Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él …sería el Sr. Gustavo Ponce Asahad”, pero no acompañaron un solo encuentro sólido de Peiti con Serjal, ni la confesión de Ponce.
- Que “uno de estos encuentros ocurrió en fecha 9 de Julio de 2020 a las 12.35 horas aproximadamente, cuando el Sr. Peiti concurrió a pasaje Rosales de la ciudad de Rosario y acordaron que serían entregados 10 mil dólares por la tarde”, cuando si bien esto lo declara Peiti, Ponce lo desconoce.
- Que «en fecha 30 de Junio “aproximado” (de 2020), el Sr. Ponce Asahad, le informa a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso», pero Ponce no lo tenía agendado a Peiti en el teléfono.
- Que «…se les atribuye en cumplimiento del plan común pergeñado, omitieron actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban, a sabiendas que el Sr. Leonardo Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona en los que el Sr. Maximiliano Díaz y/o allegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo a él o a su familia, ustedes no iniciaron una investigación penal y no dieron aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos y/o no aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delito conforme lo impone la ley», pero no demostraron ningún plan ni relación entre los imputados y el único que sabía que Peiti estaba siendo amenazado era Edery, además de que no hacía falta comenzar una investigación penal porque ya estaba iniciada por la balacera contra el domicilio de Peiti, causa a cargo de Edery.