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Judiciales solicitaron a la Corte Suprema que se extienda la feria sanitaria


El secretario general del gremio, Julio Piumato, envió junto a la secretaria gremial Mara Fernández una carta dirigida al presidente de la Corte, para que tome la decisión

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) solicitó hoy a la Corte Suprema de Justicia la prórroga de la feria extraordinaria sanitaria desde el lunes próximo, el mantenimiento de las condiciones laborales que determinó el alto tribunal y la garantía de funcionamiento de la justicia en todos los casos.

En una carta dirigida al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, los secretarios General y Gremial del sindicato, Julio Piumato y Mara Fernández, señalaron que «el funcionamiento en todos los casos de la justicia, como ocurrió hasta ahora, fueron previstos en las oportunas acordadas del alto tribunal», e indicaron que debe continuar «la presencia mínima de personal en los edificios» y tiene que profundizarse el teletrabajo, que funciona «de forma aceptable».

Los dirigentes reclamaron a Rosenkrantz que informe cuáles fueron «las acciones realizadas por la Comisión para el seguimiento y control de la situación epidemiológica en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, creada por Resolución 514/20 de la Corte Suprema, para constatar que «se garantizaron las medidas de prevención decididas por la autoridad sanitaria para las guardias».

«El informe debe incluir datos sobre cuáles son las disposiciones indispensables previstas por la comisión para contrarrestar el peligro del coronavirus a partir de su elevado nivel de contagio», señalaron los dirigentes y solicitaron otra vez «la conformación de la Comisión Mixta de Crisis para evaluar cómo y cuándo -entre otros temas- se flexibilizará o concluirá la cuarentena en función de las particularidades y realidades de cada fuero», puntualizaron los gremialistas.

Piumato y Fernández reclamaron la aplicación del Protocolo de Seguridad para proteger «la integridad psico-física de los judiciales» y todas aquellas medidas que el alto tribunal considere necesarias para garantizar «la seguridad de los trabajadores, letrados, peritos, partes y público en general».