Un día después que su estrategia para el Brexit sufriera un golpe letal en el Parlamento, el primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta un nueva nueva batalla política en la que la oposición y conservadores rebeldes esperan aprobar una legislación que lo obligue a buscar una extensión del Brexit de tres meses, si no logra un acuerdo con la Unión Europea (UE).
El día del premier se inició con una reunión de Gabinete tras lo cual enfrenta la primera sesión semanal de preguntas y respuestas en Westminster, informó el servicio público de radio y televisión británica, BBC. Con el control de la agenda parlamentaria, el arco opositor -acuciado por el tiempo- buscará votar hoy mismo el proyecto de ley que fuerza al primer ministro a solicitar a los 27 miembros del bloque regional una extensión del Brexit de tres meses, hasta el 31 de enero de 2020, en las tres lecturas requeridas, antes de pasarlo a la Cámara de los Lores para su aprobación final.
Johnson criticó, a través de su cuenta de Twitter, al líder laborista, Jeremy Corbyn, al afirmar que la medida aprobada anoche implica el riesgo de desencadenar «años de incertidumbre» y «retrasos» en la ruptura con Bruselas, e insistió en que está centrado en liderar al Reino Unido para sacarlo del bloque europeo este 31 de octubre. El líder conservador castigó a los diputados «tories» rebeldes al expulsarlos del grupo parlamentario, medida que ha afectado a destacados parlamentarios, entre ellos Kenneth Clarke -el más veterano de los Comunes y, por ello, llamado el «Padre de la Cámara»-.
El premier prometió sacar a Reino Unido de la UE «con o sin acuerdo» más de tres años después de la votación del referendo, pese a que sus detractores advierten que el Brexit «duro» tendrá consecuencias económicas desastrosas y debe evitarse. Hasta ahora utilizó todas las estratagemas legales y parlamentarias para evitar que los legisladores pudieran imponer un nuevo aplazamiento del Brexit, incluida la imposición -con aval de la Reina- de una suspensión de la actividad parlamentaria por cinco semanas y la amenaza de adelantar las elecciones generales.
Sin embargo, la atmósfera política desatada por estos movimientos sólo consiguió aglutinar a sus adversarios y reafirmar la convicción de muchos rebeldes «tories» de que es necesario poner por delante los intereses del país a los de su propio partido.
La ley electoral británica indica que se requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios para celebrar elecciones anticipadas, lo que significa que el principal partido laborista de la oposición deberá apoyarla. Johnson, dada su popularidad, confía en un resultado electoral a su favor para sumar diputados y contar sobre todo con los votos de los británicos que apoyaron al Partido del Brexit de Nigel Farage en los comicios europeos de mayo.
Este miércoles, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia), dictaminó que Johnson, actuó de acuerdo con la legalidad cuando decidió suspender temporalmente el Parlamento, con lo que zanjó uno de los capítulos de la batalla legal desatada con su maniobra. El juez Lord Raymond Doherty afirmó que la acción del Gobierno «no contraviene la ley», porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes «es un poder reservado al Ejecutivo».
La corte civil de mayor rango de Escocia se pronunció así sobre la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que, el mes pasado, pidió que se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un Brexit sin acuerdo puedan frenarlo.