El gobierno de Irlanda anunció hoy la realización de un referéndum sobre el aborto para decidir si se deroga la actual enmienda, una de las más restrictivas en Europa, que sólo permite la interrupción del embarazo si peligra la vida de la madre.
«El gabinete dio la aprobación formal para celebrar un referéndum sobre el aborto que tendrá lugar a finales de mayo», dijo el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.
A los votantes se les preguntará si desean derogar la octava enmienda de la Constitución, que se aprobó en 1983 y que consagra el derecho a la vida tanto de la madre como del no nacido.
Si la población da su aprobación, la enmienda actual será sustituida por un texto que habilitará al Parlamento a legislar sobre el aborto.
Tras cuatro horas de debate, el Consejo de Ministros irlandés ha adoptado esta decisión, que podría revisar y cambiar una de las leyes más estrictas de Europa.
La actual ley, aprobada en 1983, prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violaciones, incestos y anomalías fetales.
Pero, desde 2013, se permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio.
El democristiano Varadkar sostuvo hoy que la ley actual le parece «demasiado restrictiva».
«Cualquier enmienda a nuestra Constitución requiere una consideración cuidadosa por parte de los ciudadanos. Deben contar con un amplio periodo de tiempo para considerar los asuntos y tomar parte en un debate público bien informado», opinó el ministro en declaraciones tomadas por la agencia EFE.
Según las cifras de la Sanidad británica, 3.451 mujeres irlandesas acudieron a centros de Inglaterra y Gales en 2015 para abortar.
Entre 1980 y 2015, al menos 165.438 irlandesas interrumpieron su embarazo en el Reino Unido, según el Ministerio de Salud británico.
El 56% de los ciudadanos irlandeses está a favor del derecho al aborto hasta las 12 semanas de gestación, según un sondeo publicado el viernes pasado por The Irish Times, la primera encuesta a nivel nacional sobre el tema.
El 29% de los encuestados está en contra y el 15% no da a conocer su postura.