Una defraudación de alrededor de unos seiscientos mil pesos por parte de una colegio del barrio Alto Comedero, al sureste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, fue denunciada ante la fiscalía de Investigación Penal de «Fraudes al estado» a cargo de Aldo Hernán Lozano.
Una copia de los expedientes relacionados con «subsidios otorgados al mencionado establecimiento educativo» pertenecientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo fueron remitidos el pasado 23 de marzo del año en curso por una serie de anomalías detectados en la rendición de cuenta efectuado por los directivos.
Fuentes judiciales indicaron que los expedientes fueron remitidos por la Oficina Anticorrupción de la provincia de Jujuy, atento a una serie de inconsistencias que se habrían observado e investigado en las rendiciones realizadas en los expedientes 2160/17 de febrero; 2821/17 de marzo; 2669/17 de abril y 3667/17 de mayo.
Todas estas rendiciones cuentan con facturas apócrifas de distintos comercios de San Salvador de Jujuy, entre ellas una vinería, que al ser visitada por los investigadores de la Brigada de la Policía de Jujuy, habrían negado rotundamente la comercialización de productos alimenticios. Una importante cadena de venta de sandwich, pizzas, fiambres habrían denunciado las facturas del comercio como truchas.
Los subsidios recibidos por el Colegio «Nuevo Horizonte» Nº 1, ubicado en el Asentamiento 47 Hectáreas, de Alto Comedero, asciende a los 143.850 pesos por mes.Fuentes confiables que pidieron no ser identificadas adelantaron al diario El Tribuno de Jujuy que esa cifra otorgada por el Ministerio de Desarrollo Humano es tres veces más de la que recibe un comedor perteneciente al Obispado de Jujuy, que ofrece comida a la misma cantidad de personas que el colegio, dato que se encuentra en el expediente que tiene en sus manos el Ministerio Público de la Acusación.
Antecedentes
Cabe destacar que auditores de organismos de control habían advertido serias irregularidades en los subsidios otorgados en los meses de octubre y noviembre de 2016 por un monto de 123.900 pesos y en esa oportunidad se habría advertido sobre la conveniencia de suspender el subsidio a esa institución.
En la presentación al Fiscal General de MPA se hace referencia a que «el destino dado a los fondos del subsidio ha sido puesto en duda ante la detección de numerosas rendiciones de cuentas anteriores con comprobantes adulterados». Estas mismas observaciones le habrían hecho llegar al fiscal General en el expediente que le presentaron con todos los antecedentes relacionados con esta causa y ahora se espera la decisión de la Justicia.