En 2010, el polista Ignacio Ballesteros había quedado cuadripléjico y en la noche del domingo falleció producto de un cuadro de neumonía. Estaba internado en el Sanatorio Parque y su muerte fue calificada como «dudosa» por la Justicia. Su mujer había sido denunciada por estafa a la obra social.
La Justicia ya ordenó que el cuerpo sea derivado al Instituto Médico Legal para que se efectúe la autopsia. La fiscal Valeria Piazza Iglesias, de turno en la Unidad de Homicidios Culposos, ordenó que se entreviste a los padres de Ballesteros que se encontraban en el Sanatorio, además de indicar que se proceda a la autopsia y se remitan los resultados al fiscal Fernando Dalmau que investiga la causa por abandono de persona.
La situación de Ballesteros se hizo pública por disputas familiares, que derivaron en una denuncia a su esposa por estafa a la obra social.
En 2010 Ballesteros se casó con la rosarina Gisela L. M., y en diciembre de ese mismo año sufrió un accidente al caer de una yegua y quedó cuadripléjico. La mujer había logrado la curatela de su esposo a pesar de los intentos de los padres de Ignacio por hacerse cargo de la salud de su hijo.
Este año, el fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Dalmau, tomó el expediente de la causa por abandono de persona. Luego de acopiar evidencias, convocó a una audiencia imputativa a Gisela como articuladora de las maniobras de facturación de servicios terapéuticos por los que habría recibido el dinero, pero algunos de los cuales no habrían sido efectivamente prestados. La acusación recae también sobre 13 profesionales de la salud.
Según las estimaciones, L. M. presentaba facturas por cerca 450.000 pesos al mes a la prepaga (en todo 2017 fueron 4 millones 800 mil pesos), una cifra nominal que sumaría varios millones si acumula desde 2012.