El empresario está acusado de haber captado y trasladado a cinco trabajadores desde Misiones mediante una oferta laboral engañosa
El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, formalizó una investigación penal contra un empresario avícola de Arrecifes, Buenos Aires, acusado de trata de personas con fines de explotación laboral, delito que podría implicar una pena de 8 a 12 años de prisión. A solicitud del fiscal Matías Di Lello, el juez ordenó una prisión preventiva de 60 días para el acusado, quien sería el verdadero propietario y administrador de un criadero de pollos.
El empresario está acusado de haber captado y trasladado a cinco trabajadores desde Misiones mediante una oferta laboral engañosa, para luego explotarlos en un predio rural en Arrecifes, valiéndose de amenazas y del abuso de su situación vulnerable. Según la acusación, esta explotación se prolongó desde principios de junio hasta el 2 de agosto, cuando Gendarmería Nacional allanó el lugar y detuvo al imputado.
La denuncia que dio inicio al caso fue presentada el 2 de agosto por la Afip, tras un procedimiento de fiscalización. Ese mismo día, la fiscalía solicitó el allanamiento del establecimiento, donde participaron profesionales de la Dirección de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata, junto con representantes de los ministerios de Trabajo de la Nación y la provincia, la Afip, y el Servicio Local de Niñez de Arrecifes.
Durante la audiencia de imputación, los fiscales señalaron que las víctimas fueron reclutadas por medio de conocidos, y se les ofreció el pago de los pasajes desde Misiones. Sin embargo, al llegar, no se les informó sobre el sueldo, la cantidad de horas de trabajo, ni las condiciones laborales. Además, el acusado, armado con una escopeta, recibía a las víctimas en la terminal y solía «tirar tiros al aire» para imponer autoridad.
Una vez en el lugar, los trabajadores fueron alojados en condiciones precarias y obligados a trabajar entre 10 y 16 horas diarias, sin días libres. Algunos debían cumplir tareas nocturnas sin recibir pago por horas extras. Los fiscales también denunciaron la falta de registración de los trabajadores y la ausencia de aportes al Sistema Único de Seguridad Social. Aunque el sueldo oscilaba entre 450 y 470 mil pesos mensuales, dos de las víctimas no recibieron ninguna remuneración.
Además, se señaló que el costo de los pasajes fue descontado de los salarios y que las víctimas no podían salir del lugar debido a las largas jornadas de trabajo, salvo algunas mujeres que realizaban compras y llevaban a sus hijos a la escuela.
El informe del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires reveló que dos trabajadores vivían en una casilla insalubre dentro de un galpón, mientras que otras viviendas carecían de calefacción y presentaban condiciones de seguridad deficientes, como cables expuestos y vidrios rotos. Las víctimas también denunciaron la falta de elementos de higiene y seguridad, así como múltiples humillaciones, maltratos y amenazas por parte del imputado.