El jefe comunal concurrió hoy a la audiencia de imputación asistido por su defensa, prestó declaración y anunció que realizará una ampliación por escrito
El intendente de la localidad de Rosario de la Frontera, del sur salteño, Gustavo Solís, fue imputado por dos fiscales, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y cohecho, informaron hoy fuentes del Ministerio Público de Salta.
La Unidad Fiscal de Investigación, conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó hoy a Gustavo Solís, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en tres hechos, fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.
El jefe comunal concurrió hoy a la audiencia de imputación asistido por su defensa, prestó declaración y anunció que realizará una ampliación por escrito.
La Unidad Fiscal de Investigación intervino por la publicación de una noticia criminis, el 26 de febrero de este año, sobre la presunta falsificación de facturas en el municipio de Rosario de la Frontera, que está a 185 kilómetros al sur de Salta Capital.
A partir de allí, y mediante un pedido de informe a la Auditoria General de la Provincia, se determinó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el periodo 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.
Sobre el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, los voceros indicaron que se tiene acreditado que el imputado desplegó «conductas contrarias a las leyes y ordenanzas».
Estas conductas se encuadran dentro del incumplimiento a las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público.
Además, el imputado habría aceptado facturas duplicadas, y de verificarse «incumplió» las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionadas con la emisión obligatoria de facturas electrónicas, indicaron las fuentes.
En relación al fraude a la administración pública, se estableció que Solís emitió en 2017 una resolución que dio por rescindido en forma unilateral un contrato, sin «arbitrar ninguna medida tendiente al resarcimiento por la desvinculación, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal».
Al acusado también se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, «sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa de marras».
Por otra parte, Solìs está acusado de cohecho, pues de una denuncia y de la transcripción de un audio aparentemente surgiría una promesa directa por parte del jefe comunal al presidente de la fundación, de una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado a ejecutar, a razón de un precio de $163 por metro cuadrado.
De ese monto, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado a Solís y solo le quedarían $20, como condición para suscribir las contrataciones, lo que de comprobarse permite verificar el dolo del imputado.
Por último, al intendente, del Frente de Todos, también se lo acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público con sospechas de «efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777,50».
En este sentido, el jefe comunal celebró contratos, según parece, con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados por un monto de $22.608.759.03, según el informe del Banco Central de la República Argentina, sin verificar la situación financiera del contratado.