El Juzgado Federal N°2 de San Nicolás ordenó la declaración indagatoria del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, junto a cuatro funcionarios de su gestión. Todos enfrentan acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental, debido al vertido de efluentes cloacales sin tratamiento al río Paraná, generando un riesgo para la salud pública.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Matías Di Lello, se inició en diciembre de 2022 tras detectar niveles alarmantes de contaminación en el frente costero de San Pedro. Se comprobó que la localidad no cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales activa desde hace más de 30 años.
Las indagatorias, previstas para marzo de 2025, también alcanzan al secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Brañas; al director de Servicios Sanitarios, Jorge Ponzio; y a los exfuncionarios Javier Silva y Ariel Álvarez. Según la fiscalía, sus acciones violan el artículo 248 del Código Penal y el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos.
El caso tuvo su origen en otro expediente sobre contaminación de aguas en Baradero. Un análisis realizado en 2023 por la Policía Federal Argentina (PFA) detectó niveles excesivos de coliformes fecales en el río Paraná, aguas arriba de San Pedro. Posteriores peritajes confirmaron que los efluentes cloacales eran vertidos directamente al río sin tratamiento alguno.
En enero de 2023, un monitoreo en la zona del puerto de San Pedro y en otros puntos identificó ductos con vertidos constantes, valores químicos por fuera de los límites legales y una planta depuradora inactiva desde 1982. La situación se agrava con posibles derivaciones al sistema pluvial, que podrían afectar áreas recreativas cercanas.
En julio de 2023, un allanamiento en la Municipalidad de San Pedro permitió recopilar documentación sobre el estado de la planta cloacal. Según Ariel Álvarez, exsecretario de Servicios Públicos, la planta fue traspasada al municipio en 1980, pero dejó de operar dos años después.
Especialistas de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) concluyeron que los niveles elevados de coliformes fecales configuran un peligro para la salud humana, según la Ley de Residuos Peligrosos. Además, la Dirección Provincial de Agua y Cloaca informó que no recibió proyectos relacionados con la optimización o construcción de una planta depuradora en San Pedro.
Con esta imputación, el caso busca esclarecer responsabilidades y exigir medidas concretas para proteger el medio ambiente y la salud de la población afectada.