Ariel D'Orazio, de Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina de Defensa al Consumidor, dialogó con CLG sobre la difícil situación que viven las personas que alquilan desde la finalización del DNU que congelaba alquileres
El 31 de marzo pasado concluyó la vigencia del DNU que congelaba el precio de los alquileres en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en Argentina. Al endeudamiento que muchos inquilinos sufrían se le suman ahora grandes aumentos y muchas preocupaciones.
Por eso, CLG dialogó con Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina de Defensa al Consumidor de Rosario e integrante de la Concejalía Popular, quien brindó un panorama del tema. “La situación es cada vez más angustiante y compleja”, comenzó.
D’Orazio aseguró que reciben diariamente casos de personas a las que se les hace imposible pagar los aumentos que les exigen las inmobiliarias para renovar los contratos. También, mencionó las situaciones extremas que viven jubilados que alquilan.
“El gobierno sacó la protección que existía para los inquilinos hasta el 31 de marzo sin pensar en el día después. Hoy tenemos gente sobreendeudada, que va a seguir endeudándose y que tiene serios riesgo de quedar en la calle. Porque también se liberó la posibilidad de iniciar juicios de desalojo. La situación es terriblemente difícil”, ahondó.
“Los valores de los alquileres se han incrementado muchísimo. Parte porque el gobierno no regula, parte por la presión que vienen ejerciendo las empresas inmobiliarias para hacer un desmedro de la Ley Nacional de Alquileres, que no ha cumplido todavía un año de vigencia y que ya tiene serios cuestionamientos por parte de las Cámaras inmobiliarias producto de que es una herramienta con que cuentan los inquilinos. Buscan desprestigiarla y que se desregule el acceso a la vivienda en alquiler”, explicó el referente del Consejo Asesor de Vivienda.
“El gobierno debe dejar de escuchar a los sectores que concentran el capital inmobiliario y debe empezar a mirar los que les pasa a los ciudadanos, a los inquilinos, a las inquilinas. Y regular más. El gobierno tiene un ministro que no reconoce a los inquilinos como un problema de hábitat grave en la República Argentina. La falta de sensibilidad social del ministro (Jorge) Ferraresi genera las preocupaciones que hoy tenemos en el sector”, detalló.
En este panorama incierto y grave para muchas familias argentinas, D’Orazio apuntó a que desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación se establezca “una política de diálogo con las organizaciones que defienden a los inquilinos”.
“Me parece incoherente de parte del gobierno pedir más restricciones y no cubrir a la gente para que pueda quedarse en su casa. Las medidas deben ser una política de desendeudamiento, con asistencia concreta a los inquilinos, créditos a tasa cero, plan Ahora 12, maximizar los planes de vivienda”, dijo.
Finalmente, D’Orazio hizo hincapié en un dato clave del momento en que viven los argentinos: “Cada vez es mayor el porcentaje de salario que se destina al alquiler y eso no se ha revertido en el tiempo. Nos sacaron la protección sin una política para atender a esta situación”.
“Estamos expectantes por los posibles anuncios del presidente en los próximos días”, concluyó.
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