Por Manuel Ludueña, arquitecto, planificador urbano y regional (UBA), especializado en Administración de Áreas Metropolitanas, con orientación en ecología, transporte no motorizado y espacios públicos, integrante de Buenos Aires Sostenible.
Existe un proceso de crecientes intervenciones no locales en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en tanto se evidencian, paulatinamente, divergencias entre las necesidades sociales y la orientación del accionar gubernamental.
La venta de tierras públicas con destinos suntuosos, contraria a los ingresos medios de la población de CABA, desequilibra el ordenamiento urbano y generan un espacio costero de exclusión, ya no por los equipamientos públicos de gran escala -puertos, astilleros, playas ferroviarias- sino por un funcionamiento de alta rentabilidad urbana -propiedades, servicios y equipamientos exclusivos-. En tanto, crece el endeudamiento externo para la provisión estatal de accesibilidad vial y de servicios para esas tierras.
En ese contexto, pese a antecedentes como el Plan de Higiene Urbana (1925), foros de la Fundación Ciudad, el programa «Buenos Aires y el Río, GCABA» y la iniciativa del Consejo del Plan Estratégico (mayo 2020), se desdibujó progresivamente el uso público de la Costanera Norte -con las Leyes 5961, 6064 y 6289 y el Expediente N° 2094J2020- al pretender transformarla en apéndice de actividades complementarias para el Aeroparque Jorge Newbery.
El desencuentro social y gubernamental de más de una década, en Audiencias Públicas sordas y presentaciones judiciales abroqueladas ante la venta de la tierra pública y, ante el avasallamiento de la Constitución, del Plan Urbano Ambiental (2008) y del Código Urbanístico (2018) y la afectación de la costa con usos consumistas y construcciones aproximadas de 750.000 m2, conmocionaron a colectivos sociales, profesionales y ambientales. Por ello convergen en dar base a una Audiencia Pública con 7.053 inscriptos, a exponer en 28 jornadas (588 horas). Es un escenario que cuenta con la movilización y participación de vecinos, migrantes, jóvenes y profesionales de diversas especialidades que confluyen en restituir el parque costero para el disfrute de la comunidad y las futuras generaciones, y derogar las leyes precitadas.
El grado de movilización, el interés compartido por la Costanera Norte como bien común y la presunción que los argumentos presentados en la Audiencia Pública serán desestimados por no ser vinculantes, conducen a proponer una Iniciativa Popular, para colectar 4.000 adhesiones iniciales hasta llegar a 33.000, con un proyecto de ley que declara como Parque a la Costanera Norte y deroga las leyes en contrario (Expediente N° 2848-I-2020 en consulta en la Comisión de Asuntos Constitucionales).
La fragilidad de la relación con la mayoría legislativa indujo a considerar un instrumento de participación no tradicional para demostrar que la Costanera Norte es una cuestión de bienestar general. La democracia participativa nos otorga un rol activo. Un «proyecto de ley» como «iniciativa popular» implica que sus adherentes suscriben el mismo para poner en movimiento el mecanismo para su tratamiento en la Legislatura.
La estrategia para llevar a cabo esta iniciativa popular reside en conformar una red entre ONGs y colectivos, unidos por el interés común del espacio público de la Costanera Norte y con medios de comunicación para alcanzar una escala masiva y un impacto público efectivo. La instalación del tema facilita el involucramiento de los ciudadanos y ciudadanas que se podrán apropiar de la iniciativa para convertirla en acción concreta, empoderados por el contenido que atiende sus propias demandas.