El relator especial de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, visitó la Argentina entre el 6 y el 17 de mayo para evaluar el derecho a la privacidad en el país y si bien estimó que las escuchas ordenadas por la Justicia cumplen con las «garantías» necesarias, la tecnología involucrada es «bastante anticuada».
Cannataci estudió las reformas recientes al sistema de escuchas, los mecanismos para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y escuchó las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil, los expertos y otros actores.
Luego de esta ronda de consultas y averiguaciones, el relator señaló en un informe preliminar que «estoy convencido de que las garantías implementadas en DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) son adecuadas y preservan la privacidad de la personas».
«La organización ha presentado evidencia de que, tanto en términos del personal que trabaja allí como en el diseño institucional y los protocolos de trabajo, están haciendo todo lo posible para minimizar la intervención humana, garantizar que los datos personales estén protegidos y que las únicas personas tengan acceso al contenido de las intercepciones son los beneficiarios legales de una orden de vigilancia emitida por el poder judicial», sentenció el funcionario de la ONU.
No obstante, Cannataci observó que «la tecnología utilizada (para las intervenciones) es bastante anticuada» y recomendó que «se adquiera una tecnología de intercepción más nueva, que permita no solo la intercepción de líneas fijas y conversaciones móviles, sino, por ejemplo, el uso de malware en teléfonos móviles».
A su criterio, el sistema de vigilancia local cuenta con «varias vulnerabilidades», a saber: «El uso excesivo de las intercepciones, que se trata como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como último recurso para los crímenes graves; controles débiles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las intercepciones; y falta de un control independiente sobre el uso de las intercepciones».
Sobre esas debilidades, el relator observó «una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina. Posiblemente debido a la historia reciente de Argentina, a una fuerte cultura de opacidad y a algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados, muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia».
A partir de 2015, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, las intervenciones telefónicas dejaron de ser competencia de los organismos de inteligencia y pasaron a ser competencia exclusiva de la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), a solicitud de jueces y fiscales.
Según el relevamiento de la ONU, se interceptan en la Argentina unas 6.000 líneas mensuales, de las cuales «solo 69 son interceptaciones directas escuchadas por DAJuDeCO, mientras que todas las demás no son escuchadas en vivo sino que son ejecutadas por proveedores de servicios».
«La mayor parte del contenido de la interceptación no es escuchada por los funcionarios de DAJuDECO, sino que es grabada automáticamente en CDs sin intervención humana y luego distribuida a las autoridades indicadas en la orden de vigilancia. En 2018 el número total de líneas interceptadas fue de 41.0000», mencionó el comisionado en su informe preliminar, cuyas conclusiones definitivas se presentarán el año que viene.
En base a todos los datos recabados y las entrevistas realizadas, Cannataci recomendó que el Congreso apruebe una «nueva ley de protección de datos» que «cubra los aspectos de protección de datos y privacidad del uso de datos personales por parte de las fuerzas de seguridad».
En la misma línea sugirió que los servicios de inteligencia deberían llevar a cabo «una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley. Asegurarse de que sólo la información que debe mantenerse en secreto es de hecho secreta, permitiría a la sociedad argentina comprender mejor el papel y los métodos de trabajo de sus servicios de inteligencia».