El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, habilitó a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa a celebrar el 31 de marzo como fecha festiva en conmemoración del inicio de la dictadura miilitar que duró desde 1964 hasta 1985.
«El presidente no considera al 31 de marzo de 1964 un golpe militar, sino que la sociedad civil y los militares, percibiendo el peligro que vivía el país en aquel momento, se unieron para recolocar el rumbo», dijo el vocero presidencial, el general Otavio Rego Barros.
«Sin eso tendríamos un gobierno que no sería bueno para nadie», apuntó en declaraciones a los periodistas.
Bolsonaro «ya determinó al Ministerio de Defensa que haga las conmemoraciones debidas en relación al 31 de marzo de 1964, incluyendo una orden del día», agregó.
Los comandantes podrán realizar los actos que «consideren dentro de sus respectivas guarniciones», respondió el vocero presidencial acerca de qué tipo serán las conmemoraciones.
La decisión de Bolsonaro revierte a la dispuesta en 2011 por la entonces presidente Dilma Rousseff, ex presa política y torturada por 22 días seguidos durante el régimen militar, quien había prohibido cualquier reivindicación del aniversario del golpe de 1964.
Además despertó el rechazo de familiares de los más de 400 desaparecidos o muertos durante el último régimen militar brasileños.
Ocho ministros del Gabinete de Gobierno brasileño son miembros de las Fuerzas Armadas y más de 100 funcionarios se encuentran entre el segundo y tercer escalón de la administración pública.
Jair Bolsonaro, elegido presidente con más del 55% de los votos en octubre de 2018, ha elogiado públicamente a los dictadores Augusto Pinochet, de Chile, y Alfredo Stroessner, de Paraguay.
El mandatario, ex capitán del Ejército que fue diputado durante 3 décadas, ha dicho que considera que el golpe militar que comenzó el 31 de marzo de 1964 y se concretó el 1 de abril para derrocar al por entonces presidente Joao Goulart fue un «freno al comunismo».
La decisión de habilitar la conmemoración del golpe de 1964 convierte a Bolsonaro en el primer presidente de América del Sur que reivindica una asonada militar desde el restablecimiento de la democracia en la región.
El derrocamiento de Goulart dejó más de 434 asesinatos políticos o desaparecidos, más de 10.000 torturados y según la Comisión de la Verdad de 2014 el régimen asesinó a unos 8.000 indígenas para concretar sus planes de infraestructura y agricultura en la región amazónica.
Entidades de derechos humanos, como el grupo Tortura Nunca Más, convocaron para el domingo 31 de marzo a repudiar el golpe que instaló un régimen que encabezaron sucesivamente los dictadores Humberto Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, Emilio Garrastazú Médici, Ernesto Geisel y Joao Figueiredo a lo largo de 21 años.
En 1967, la dictadura brasileña suspendió todas las libertades públicas y políticas, con lo que provocó la mayor ola de exilios de la historia brasileña, aunque a diferencia de otros países de la región toleró el funcionamiento de un Congreso con un partido oficialista y otro opositor moderado.
Luego de la restauración de la democracia, en 1985, varios cuarteles militares y policiales celebraron el golpe de 1964, hasta que esta práctica fue suspendida con la llegada de Dilma Rousseff a la jefatura del Estado.
Los militares retirados hicieron campaña contra Rousseff, quien en 2014 creó la Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido en el país durante los 21 años de la última dictadura, aunque sin sanciones, ya que en Brasil rige la Ley de Amnistía de 1979, que permitió el regreso de exiliados e impide juzgar por crímenes de lesa humanidad a policías y militares, una norma ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2009.