La demanda alega que Casino compraba regularmente carne de res de tres mataderos propiedad de una importante empacadora de carne brasileña
Una coalición de 11 asociaciones que representan a los indígenas del bosque tropical Amazonia en Brasil y Colombia demandaron hoy al grupo de supermercados Casino ante la justicia francesa por la «deforestación y el acaparamiento de tierras» derivadas de su actividad en la venta de carne.
«Pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y colombiana, así como organizaciones no gubernamentales de Francia y Estados Unidos, presentaron hoy una demanda en la corte de Saint-Etienne, Francia, contra el gigante global minorista, Grupo Casino, por vender carne de vaca asociada con la deforestación y el acaparamiento de tierras», indicaron las organizaciones en una rueda de prensa virtual.
La demanda se respalda en la ley francesa del deber de vigilancia adoptada en marzo de 2017.
Según esta norma, las empresas con más de 5.000 empleados en ese país, o más de 10.000 en todo el mundo, deben diseñar un plan para prevenir los riesgos al medio ambiente, derechos humanos y corrupción que pudieran derivarse de sus actividades y las de sus filiales, proveedores y subcontratistas.
Los demandantes, entre los que se incluyen la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña y la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, reclamaron a la cadena de supermercados una indemnización «por los daños causados a sus territorios tradicionales y el impacto en sus medios de vida».
«Esos daños afectan nuestro sustento, nuestra ancestralidad, nuestra cultura y afecta, sobre todo, la supervivencia de nuestros pueblos indígenas», explicó Luiz Eloy Terena, líder del Pueblo Terena de Brasil, citado por la agencia de noticias AFP.
Por su parte, Boris Patentreger, cofundador de la ONG Envol Vert, con presencia en Colombia, exigió a Casino «una trazabilidad estricta desde la primera etapa de la producción de la carne hasta que el producto es vendido en sus supermercados».
De acuerdo a las 11 asociaciones, esta es la primera vez que una cadena de supermercados es llevada a los tribunales por estos señalamientos y esperan recibir unos 3,1 millones de euros en compensación por los daños.