El 1 de marzo será la primera audiencia contra el ex presidente peruano Fujirmori y los ex ministros de Salud Yong Motta, Costa Bauer y Aguinaga, acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse a procesos de esterilización
El Gobierno peruano promulgó una ley que permitirá indemnizar a las víctimas de esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En concreto, se modifican los artículos 3 y 6 del Plan Integral de Reparaciones (PIR), una ley que tiene como finalidad reparar y compensar las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que hubo entre 1980 y 2000.
En dichos artículos, se reconoce como beneficiarias a las víctimas «de violencia sexual en sus diversas formas», con lo que se otorga el derecho de reparación de estas mujeres a quienes se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, informó el medio peruano Wayla.
La ex congresista y activista indígena Tania Pariona, precursora de esta modificación del PIR, celebró la «buena noticia» en su perfil de Facebook.
Unas 2.073 mujeres denunciaron ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.
El 1 de marzo será la primera audiencia contra Fujirmori y los antiguos ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
Todos ellos están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.
Actualmente, Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta «operación antiterrorista», los militares asesinaron a una veintena de personas.