El promedio de ingresos por persona no llega a los 300 mil pesos, indicó el Indec, pero la canasta familiar supera ampliamente esa cifra
En septiembre, una familia promedio en Argentina necesitó $535.000 mensuales sólo para cubrir los gastos de alimentos básicos, una cifra alarmante que contrasta de manera abrupta con el ingreso promedio per cápita de $289.562 registrado por el Indec, expuso la diputada santafesina Lucila De Ponti. Esta desconexión entre el costo de la vida y los ingresos reales evidencia una profunda crisis económica y social en el país, donde millones de personas enfrentan diariamente la disyuntiva de cubrir sus necesidades alimentarias o renunciar a otros gastos esenciales.
Actualmente, más de 15 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza en Argentina, un índice que continúa en aumento y que afecta duramente a grandes centros urbanos. En el Gran Santa Fe, según el Indec, casi el 60% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que en San Nicolás – Villa Constitución este porcentaje alcanza el 55%, y en el Gran Rosario, llega al 47%. «Hay una desconexión total entre lo que se necesita para vivir y lo que realmente reciben las familias. Es una muestra más de la profunda crisis en la que estamos inmersos», expresó la legisladora peronista.
El agravamiento de la situación social se refleja también en los índices de indigencia. Según datos oficiales, al menos 5,3 millones de argentinos hoy no logran cubrir la canasta alimentaria básica, una realidad que empuja a miles de personas a buscar apoyo en comedores comunitarios o depender de redes de solidaridad para sobrevivir. Esta situación plantea serias interrogantes sobre las políticas públicas actuales, las cuales parecen insuficientes para revertir una crisis que sigue profundizándose.
Organizaciones sociales y líderes locales han señalado la falta de una respuesta concreta por parte del Gobierno nacional, que se ha limitado a esporádicas declaraciones en redes sociales mientras el descontento y la angustia crecen entre la población. Las expectativas de un cambio en las políticas estatales son altas, ya que “no se puede hablar de un proyecto de país sostenible con estos niveles de pobreza y exclusión”, expresó De Ponti.