Se debe a "maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia"
El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, y otros dos exfuncionarios, fueron imputados este jueves por la Justicia provincial por los presuntos delitos de «negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública» en una licitación para comprar armas para la policía, informaron voceros judiciales.
En una audiencia desarrollada a través de la aplicación Zoom, fueron imputados Saín, de 57 años, el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (54), y el exsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas (50).
La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, representada por Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, imputó a los tres exfuncionarios por «maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia».
«El accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL», informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según la acusación, las maniobras consistieron «en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro».
De esta manera, según la imputación fiscal, Saín, Montenegro y Novas «buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente».
La Fiscalía añadió que luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía; de la Cámara Contencioso Administrativo; de la Fiscalía de Estado; del Tribunal de Cuentas de la provincia), la licitación quedó sin efecto».
Asimismo, precisó que el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron los tres exfuncionarios fue de 17.103.543,60 dólares y que «en función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares».
La Fiscalía atribuyó a los tres imputados las mismas calificaciones penales: coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo, en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta.
Las fuentes informaron que mañana se realizará una cuarta imputación, en ese caso al exjefe de la División Logística de la policía provincia, Marcelo Correa.